Los murcianos podrán desgravar hasta 600 euros, a través del tramo autonómico del IRPF, si utilizan en sus casas dispositivos de ahorro de agua, según consta en la nueva “Proposición Normativa sobre Medidas de Ahorro y Conservación en el Consumo de Agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”, presentada en la I Jornada Internacional de Ahorro de Agua en Viviendas, que se ha celebrado en la Comunidad.
Precisamente, este fue uno de los tres aspectos que el presidente, Ramón Luis Valcárcel, destacó tras inaugurar estas jornadas, en donde aseguró que “los murcianos son los más ahorradores de España”. El jefe del Ejecutivo murciano destacó la necesidad de poner “dispositivos para economizar” y explicó que el régimen sancionador por despilfarro de agua que también aparece en la nueva norma, no será lo habitual porque “el murciano tiene conciencia del valor del agua y sabemos del valor de un recurso que por insuficiente adquiere mayor valor todavía”, apostilló.
Con estas medidas, la Región de Murcia será “pionera” en la normativa de ahorro de agua, en donde se incluyen las exenciones fiscales para los ciudadanos que instalen en sus viviendas los mencionados dispositivos (unas pequeñas válvulas de metal que sustituyen las gotas de agua por aire comprimido, por lo que el caudal resultante es menor), quienes contarán con una deducción en la declaración del IRPF en el tramo autonómico.
En la actualidad existen en el mercado diferentes tipos de dispositivos para el ahorro de agua (regulador del caudal de duchas, cisterna), cuyos precios oscilan entre los tres y siete euros, y con los que se puede disminuir el gasto hídrico de la Región de Murcia hasta en un 8% en el abastecimiento urbano.
La futura normativa contempla también medidas para las viviendas de nueva construcción que tendrán que contar con estos dispositivos de ahorro en la memoria de obra y de calidades. Según se especifica: “Los grifos de los aparatos sanitarios de consumo individual, dispondrán de perlizadores o economizadores de chorro, de forma que para una presión de 2,5kg/cm2, tengan un caudal máximo de 5 litros por minuto”. Asimismo, se especifica que en una vivienda nueva, la cisterna descargará hasta un máximo de siete litros. Las viviendas existentes antes de la nueva normativa que apliquen los dispositivos de ahorro, podrán deducir un 10% del coste de la tarifa del agua durante un año.
Por otro lado, el despilfarro manifiesto de agua también podrá ser sancionado con multas que oscilarían entre los 60.000 y 600.000 € en el caso de falta grave, entre las que se encuentran el incumplimiento de las medidas previstas en la futura normativa, tanto en particulares como en redes públicas. Se consideran como faltas leves el vaciado total de las piscinas, la ausencia de carteles sobre la procedencia de las aguas y la inexistencia de circuitos cerrados en parques, jardines y fuentes ornamentales; además del incumplimiento de los límites en las nuevas zonas verdes de superficie mayor de una hectárea, entre otras. Las sanciones contempladas en este apartado van desde los 180€ a los 60.000€.
Piscinas y jardines
También se regularán los usos del agua para piscinas comunitarias y riego de jardines privados, mientras que en los lugares de pública concurrencia se limitarán los usos de grifos públicos con un temporizador de un minuto de duración. Estas medidas también se aplicarán a los edificios de carácter público. El documento añade que se fomentará el uso de los recursos hídricos marginales para el riego, tales como aguas subterráneas de calidad deteriorada, o aguas de lluvia almacenadas para los parques y jardines. Asimismo, subraya la norma, en las zonas de nuevo desarrollo urbano, las redes de riego de las zonas verdes públicas serán independientes de las redes de agua para consumo humano.
Por otra parte, el agua destinada a las industrias tendrá que ser controlada mediante unos indicadores de consumo por unidad de producto, que tendrán que testar y cuantificar técnicos del Ente Público del Agua de la Región de Murcia. La futura proposición de Ley también contempla prohibiciones en el ámbito industrial, como el uso del agua para la circulación de materia prima en circuito abierto. Los ayuntamientos, por su parte, estarán obligados a informar acerca de los rendimientos hidráulicos de las redes y de facilitar información y educación acerca del uso responsable del agua.