El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la Ley por la que se regulan los derechos a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Ello supone un avance significativo de nuestro sistema democrático, ya que reducirá la indefensión de los ciudadanos ante decisiones que afectan al medio ambiente y, por tanto, a su salud y a su calidad de vida.
Con este nuevo texto legal se adecúa la legislación española al Convenio de Aarhus, que obliga a los Estados firmantes -entre ellos España- a garantizar la participación pública en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente, al tiempo que asegura a los ciudadanos los derechos de acceso a la información ambiental, así como a la justicia en esta materia.
El Convenio, firmado en la ciudad de Aarhus en 1998, entró en vigor en octubre de 2001 y tiene consecuencias relevantes en las relaciones entre los ciudadanos y las autoridades públicas, favoreciendo la transición hacia un modelo de desarrollo más sostenible, más participativo y más democrático.
En materia de acceso a la información, la Ley reconoce el derecho del ciudadano a solicitar la información ambiental y ser atendido por las autoridades públicas con mayor exigencia en cuanto al plazo y al contenido de la respuesta respecto a la legislación vigente. Impone asimismo la obligación de las administraciones públicas de difundir toda la información que pueda ser relevante para los ciudadanos, sin necesidad de que les sea requerida.
Así, destaca la obligación de las autoridades públicas de proporcionar información con la mayor celeridad posible y, en todo caso, en un plazo máximo de un mes, con carácter general, y de dos meses, en el caso de que el asunto sea de gran complejidad. Asimismo, destaca la apuesta por las nuevas tecnologías y la obligación de difusión de información ambiental en casos de amenaza para la salud o para los recursos naturales.
El texto garantiza también la participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones públicas, contemplando los plazos suficientes para la elaboración de propuestas, y estableciendo la obligación de las administraciones de tomar en consideración las observaciones presentadas. Además, se otorga un reconocimiento expreso a las Organizaciones no Gubernamentales para participar como titulares de los intereses colectivos en los procedimientos administrativos con incidencia en el medio ambiente.
En lo que se refiere al acceso a la justicia, el texto reconoce el derecho del público a impugnar las decisiones administrativas que vulneren sus derechos de información y de participación en materia de medio ambiente. Se reconoce expresamente la acción popular a favor de las ONG y de las personas sin ánimo de lucro, entre cuyos fines esté la defensa del medio ambiente, para impugnar cualquier vulneración del ordenamiento jurídico ambiental imputable a una autoridad pública, así como para denunciar cualquier omisión imputable a una administración pública que suponga un incumplimiento de la legislación ambiental.
El Proyecto de Ley fue aprobado por el Consejo de Ministros, para su remisión a las Cortes, el pasado 16 de diciembre de 2005, después de haber sido sometido a un dilatado periodo de consultas, en el que participaron los gobiernos autónomos, a través de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, y otros sectores implicados, como las organizaciones ecologistas, los agentes sociales presentes en el Consejo Asesor de Medio Ambiente y varias organizaciones sociales.