El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Suelo tras haber superado de forma positiva el proceso de consulta con administraciones públicas e instituciones representantes del sector y se inicia ahora su trámite parlamentario. El proyecto de Ley de Suelo tiene como objetivo esencial apostar de una manera decidida por un desarrollo territorial y urbano sostenible, entendiendo éste como un desarrollo racional y viable a medio plazo que responda a unos mínimos de eficiencia económica, calidad ambiental y cohesión social.
Dictamen favorable
Durante la fase de consultas, que se inició tras la aprobación del anteproyecto de Ley de Suelo el pasado 26 de mayo, éste ha recibido el dictamen favorable del Consejo Económico y Social (CES). En este dictamen favorable sobre la futura legislación de Suelo han coincidido, por primera vez, tanto la patronal como los sindicatos. Asimismo, un total de 23 agentes sociales, empresariales y profesionales lo han valorado de forma positiva.
Con el objetivo de lograr el máximo consenso posible, la ministra mantuvo ayer una conferencia sectorial con los responsables de urbanismo de las Comunidades Autónomas. También se reunió con representantes de IU-ICV, ERC y PSOE, que manifestaron su respaldo al proyecto y su voluntad de colaborar para que supere con éxito su tramitación parlamentaria, en lo que es el primer paso para asegurar un amplio respaldo parlamentario a la ley.
Estatuto de los ciudadanos
El proyecto de Ley de Suelo establece un estatuto de los ciudadanos en el que se fija que por encima de los intereses inmobiliarios privados está el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada; a las necesarias dotaciones públicas y equipamientos colectivos, y a la información y a la participación efectiva en el desarrollo y ordenación de las ciudades.
Transparencia y participación
El proyecto establece los mecanismos necesarios para que los ciudadanos puedan participar en los procesos de ordenación y gestión del suelo. Para ello se someterán a información pública los planes y otros instrumentos, incluidos los convenios urbanísticos, y se exige la elaboración de un resumen ejecutivo de los planes para que los ciudadanos puedan valorar fácilmente qué se quiere hacer y en qué les afecta antes de que se tomen las decisiones urbanísticas.
También busca asegurar un desarrollo urbano sostenible sometido a una evaluación ambiental previa y garantizar la disponibilidad de suelo para vivienda protegida mediante el establecimiento de un porcentaje mínimo de reserva de suelo para dicho uso establecido en el 25% de los desarrollos urbanísticos. Además, pretende lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado del suelo, desincentivando las prácticas de reclasificación y retención especulativa.
El proyecto de ley facilita las políticas urbanas de los municipios al abrir la horquilla que regula la participación de la sociedad en las plusvalías urbanísticas, estableciéndola entre el 5% y el 15% del aprovechamiento urbanístico en cuestión, lo que permitirá una mayor adaptación en cada caso a las plusvalías reales que se puedan generar.
Al tiempo, se establece una mejor regulación de los suelos públicos, asegurando su carácter de patrimonio vinculado a determinados fines de interés social, prioritariamente la construcción de viviendas protegidas, con la flexibilidad suficiente como para que pueda adaptarse a las necesidades reales de cada municipio.
Valoraciones reales
Pero sin duda una de las mejoras de la gestión pública del suelo viene determinada por el nuevo régimen de valoraciones que se establece sobre la situación real en que se encuentre el suelo sin tener en cuenta las posibles expectativas que no se hayan concretado aún.
El proyecto objetiva valores prudentes de mercado no especulativos y, en todo caso, garantiza a los propietarios una adecuada indemnización cuando no pueda participar en la gestión urbanística, del mismo modo que se valora la iniciativa empresarial en el sector.
Movilización de suelo
La vivienda protegida necesita suelo en condiciones favorables para su desarrollo y por eso desde su formación el Gobierno ha venido movilizando suelo de propiedad estatal para aplicarlo a la construcción de nuevas viviendas.
En los dos años transcurridos de la presente legislatura se han movilizado 14 millones de metros cuadrados de suelo del Estado que permitirán construir 42.000 viviendas protegidas.
Para dar una idea del esfuerzo llevado a cabo en estos dos años en movilización de suelo público basta comparar esas cifras con las correspondientes a los ocho años comprendidos entre 1996 y 2003. En ese periodo se liberó suelo público para 26.753 viviendas protegidas, lo que significa que en dos años se ha movilizado suelo para más viviendas protegidas que en los ocho años anteriores.