La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presidió en Madrid la presentación de la propuesta del Plan Nacional de Asignación de emisiones 2008-2012 a los sectores energético e industrial, con el que el Gobierno pretende dar cumplimiento a los objetivos marcados por el Protocolo de Kioto en materia de reducción de gases de efecto invernadero, asegurando la competitividad económica de los sectores industriales, la productividad y el empleo.
Cristina Narbona destacó que las medidas para cumplir con Kioto son absolutamente necesarias y beneficiosas para la economía española, debido a la gran dependencia del petróleo que tiene nuestro país y el coste que ésta conlleva, y ha considerado que, al margen de la existencia de un problema ambiental gravísimo, como es el cambio climático, y de la existencia del Protocolo, es imprescindible que España haga un esfuerzo extraordinario para hacer un avance sustantivo en la eficiencia en el consumo de energía.
En la presentación, la Ministra de Medio Ambiente estuvo acompañada por el secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri; el secretario general de Industria, Joan Trullén, y el secretario general de Política Económica y Defensa de la Competencia, Angel Torres.
El secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, subrayó que la senda de cumplimiento de España en sus compromisos adquiridos en el Protocolo requiere abordar no sólo los sectores afectados por la normativa comunitaria, sino además las políticas y estrategias nacionales en relación a los sectores restantes, en particular los llamados “difusos”, que ya han comenzado a ser adoptadas, y que darán su fruto a medio o largo plazo.
Se citaron como ejemplos la aprobación por el Gobierno durante el último año del nuevo Plan de Energías Renovables 2005-2010, del Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2005-2007 y del Código Técnico de la Edificación.
Tanto el segundo Plan Nacional de Asignación como las políticas públicas en marcha prevén la estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero en torno a un incremento del 50% respecto a las de 1990. Sin embargo, Arturo Gonzalo Aizpiri destacó que hay un comportamiento muy distinto entre los sectores industriales y los llamados sectores difusos, “que tienen su origen en el transporte, en el sector residencial y en decisiones más próximas a los ciudadanos”.
Medidas adicionales para los sectores difusos
Las proyecciones oficiales indican que los sectores industrial y energético, en el promedio anual del periodo 2008-2012, alcanzarán un crecimiento respecto a 1990 de aproximadamente el 37%, mientras que los sectores difusos crecerán en torno al 65%, por lo que, Gonzalo Aizpiri apuntó que la industria tiene un comportamiento comparativo mejor.
El objetivo que se marca el Gobierno, con la colaboración de las restantes administraciones públicas, es que se identifiquen y se pongan en marcha medidas adicionales en los sectores difusos para que su crecimiento no supere al de los sectores industriales. De esta forma, se pretende que el crecimiento total de emisiones de España para el periodo 2008-2012 se sitúe en +37%, un “desafío de primera magnitud”, según el Secretario General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático.
Para alcanzar este objetivo, es necesario poner en marcha reducciones anuales de emisiones de 37 millones de toneladas en los sectores difusos, por lo que Gonzalo Aizpiri hizo un llamamiento a todas las administraciones para limitar este crecimiento. En particular las Comunidades Autónomas deben jugar un papel destacado mediante la adopción de planes de lucha contra el cambio climático en sus territorios. El marco para realizar este esfuerzo compartido será la Estrategia Española de Cambio Climático, en elaboración.
En total, los sectores industriales representan el 45% del total del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, mientras que los sectores difusos representan el 55%. El escenario marcado por el segundo Plan Nacional de Asignación sitúa en un 15% de crecimiento de las emisiones que autoriza el Protocolo de Kioto, más un 2% de sumideros y hasta un 20% mediante mecanismos de flexibilidad, con el que se alcanzaría el horizonte del 37% requerido.
Cantidades asignadas
El coste total para España para cumplir el Protocolo de Kioto en el periodo 2008-2012 puede estimarse entre 2.300 y 3.000 millones de euros. Sin embargo, Cristina Narbona subrayó que este coste es muy inferior al que representa para nuestro país la falta de eficiencia energética. Así, la subida del precio del petróleo desde 2002 tiene para España un coste anual de 22.500 millones de dólares (17.700 millones de euros). El esfuerzo a favor del ahorro y la eficiencia energética a que nos obliga el Protocolo de Kioto proporcionará beneficios al reducir la factura energética que España paga al exterior.
Como consecuencia, el PNA 2008-2012 reduce la asignación a las empresas de derechos gratuitos de emisión hasta 152,659 Mt/año desde los 182,175 Mt/año del PNA 2005-2007. Esta reducción del 16,2% es necesaria para cumplir el requisito establecido por la Comisión Europea de que la asignación no supere las emisiones de 1990 más un 15%. La mayor parte del esfuerzo se ha atribuido al sector eléctrico (cuya asignación pasa de 85,4 Mt/año en 2005-2007 a 54,694 Mt/año en 2008-2012), por tener mayor capacidad tecnológica de reducir emisiones y estar menos expuesto a la competencia internacional. Sin embargo, la asignación a los restantes sectores industriales se eleva ligeramente desde 70,345 Mt/año en 2005-2007 hasta 72,806 Mt/año en 2008-2012, con objeto de preservar la competitividad y el empleo de los mismos.
La cantidad asignada de 152,659 Mt/año incluye una reserva de 7,959 Mt/año para nuevos entrantes, es decir, nuevas instalaciones que empiecen a funcionar durante el periodo 2008-2012.