Se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura el convenio suscrito entre la Consejería de Economía y Trabajo y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) mediante el que se ponen en práctica las actuaciones de apoyo público contempladas en el Plan Nacional de Energías Renovables (PER) 2005-2010.
Este Plan Nacional fue aprobado hace un año por el Consejo de Ministros. El Plan engloba medidas de apoyo público para inversiones en nuevos proyectos de aprovechamiento energético.
Las áreas que recibirán financiación para su desarrollo en Extremadura se centran en la energía solar térmica de baja temperatura, la energía procedente de biomasa térmica doméstica y la energía solar fotovoltaica aislada.
El IDAE destinará en Extremadura 940.965 euros en 2006. Los proyectos de energía solar térmica de baja temperatura contarán con un presupuesto global para subvenciones de 615.001 euros, las ayudas a proyectos de biomasa térmica doméstica tendrán un presupuesto global de 225.120 euros y el resto, 100.844 euros, irán destinados a subvenciones para proyectos de energía solar fotovoltaica.
La Consejería de Economía y Trabajo aportará mediante este convenio los medios humanos y materiales para la gestión, tramitación y control de las medidas y actuaciones destinadas a subvencionar los proyectos.
En el Convenio suscrito entre ambas instituciones se fija además la realización de otros proyectos concretos de inversión destinados a aquellos que destaquen por su carácter innovador por la tecnología utilizada, así como por la aplicación a la van destinados.
El PER establece que el 12,1% del consumo global de energía en 2010 será abastecido por fuentes renovables, que contribuirán a la producción eléctrica del 30,3% del consumo bruto de electricidad y participarán en la aportación de un consumo de biocarburantes del 5,83% sobre el consumo de gasolina y gasóleo para el transporte.
El importe total de la inversión prevista en el Plan Nacional es de 23.598.641 de euros. El PER ha sido elaborado con el propósito de reforzar los objetivos prioritarios de la política energética: la garantía de la seguridad y calidad del suministro eléctrico y el respeto al medio ambiente, y con la determinación de dar cumplimiento a los compromisos del Protocolo de Kyoto.