España, como el resto de los países de la Unión Europea, tendrá que cumplir en el 2015 los principios que inspiran la Directiva Marco Europea de Agua, aprobada en el 2000 y traspuesta al ordenamiento jurídico español en el año 2003. Una directiva revolucionaria cuyo éxito o fracaso depende en gran medida de la participación ciudadana y de su capacidad de adaptación a un nuevo concepto del agua: un bien limitado y frágil por el que habrá que empezar a pagar en relación a su valor real. La necesidad, urgencia y actualidad de este concepto hará que los asistentes a la Cumbre de Desarrollo Sostenible puedan conocer la filosofía y el grado de implantación de tal normativa legal así como la situación actual en el proceso de adecuación de manos de representantes de las principales entidades implicadas en el mismo.
Una de ellas es la Agencia Catalana del Agua, cuyos miembros participarán en la Jornada Técnica ‘Gestión integral de los recursos y los servicios del ciclo del agua’ (JT-6) el próximo 29 de noviembre. Lorenzo Correa, del Departamento de Relaciones Institucionales de la misma, recuerda los principios básicos en los que se basa esta directiva europea.
Según dicha ley, dentro de nueve años el agua superficial en España ha de tener un buen estado ecológico: físico-químico, biológico y morfodinámico. Entendiendo por tal que las acciones de las depuradoras tienen que alcanzar el correcto estado físico-químico del agua, la vida en los ríos y, por lo tanto, sus caudales ha de ser la adecuada y, además, los márgenes y lechos de los mismos han de mantener un equilibrio.
Así mismo, la gestión integral de los recursos exige que la calidad de este bien natural ha de ser adecuada al uso que se le vaya a dar. De este modo, “ahorraremos agua de diversas formas: reduciendo las pérdidas de redes de abastecimiento, generando comportamientos solidarios en el uso individual, reutilizando aguas depuradas, regenerando aguas subterráneas e integrando en el ciclo las aguas desalinizadas que permitan cubrir garantías en tiempos de crisis”, expresa Correa.
Un tercer principio importante versa sobre la recuperación íntegra de costes. El recibo del agua y las diferentes tasas y cánones derivados de su utilización, deberán incluir todos los costes de los servicios del agua, cuestión que hasta el momento no se lleva a cabo en su totalidad. Para el año 2010, la Directiva indica que habrán de implementarse políticas de precios del agua que mejoren la sostenibilidad de los recursos hídricos.
Estos principios se complementan con un último aspecto: la participación ciudadana en la toma de decisiones, por la cual los ciudadanos tendrán la oportunidad de exponer sus puntos de vista antes de que se tome cualquier decisión relacionada con el uso del agua y del espacio fluvial.
Ahora bien, para que todo ello se lleve a cabo y para que los ciudadanos puedan participar, la sociedad ha de estar informada adecuadamente, tal y como señala Correa. A este respecto, en estos momentos las distintas administraciones están realizando los planes de implantación, estableciendo redes de control que verifiquen o no el cumplimiento, realizando un catálogo que recoja qué masas de agua tienen o no un buen estado ecológico… es decir, actualmente se está trabajando para cumplir los objetivos marcados por la Unión Europea: “Un reto que estamos obligados a cumplir y que nos exigirá trabajar muy duro”, expresa Lorenzo Correa, consciente de que dependiendo de los enclaves “los deberes son más difíciles para unos que para otros” y de que “se puede vivir sin muchas cosas pero sin agua, nunca”.