El Conseller valenciano de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, ha anunciado que el Consell va a plantear la posibilidad de que las plusvalías que generan las reclasificaciones de terrenos repercutan y se repartan, de manera proporcional, entre los propietarios de suelo de los últimos 25 años.
El Gobierno Valenciano, ha explicado González Pons, va a proponer esta fórmula al Gobierno Central para que la incluya en la Ley Estatal del Suelo, que actualmente se halla en fase de trámite en el Congreso y el Senado. “Si el Gobierno Central no incluye la citada fórmula, lo haríamos nosotros en la Comunitat Valenciana”, ha añadido el conseller de Territorio y Vivienda.
Esteban González Pons ha realizado estas declaraciones durante la inauguración del 3er Congreso Nacional de Estrategia Empresarial en la Construcción, organizado por el Observatorio del Mercado de la Construcción y Vivienda del Instituto Tecnológico de la Construcción (AIDICO), con la colaboración de la Conselleria de Territorio y Vivienda y de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes.
El conseller de Territorio y Vivienda ha explicado que el beneficio que puede obtenerse de la reclasificación de un terreno “no puede estar tan absolutamente al margen de los años y años que su anterior propietario dedicó a mantenerlo en esas condiciones que permiten su aprovechamiento urbanístico”.
En el mismo sentido, ha agregado el titular de Territorio y Vivienda, “considero que merece reconsiderarse todo el espectro impositivo que envuelve a este tipo de transacciones económicas ligadas a la reclasificación”.
“Considero que hay que adoptar actuaciones que impidan que el disfrute de esas plusvalías sea un privilegio de unos pocos”. “Es decir, hay que evitar que los recién llegados -que no aportan más valor añadido- monopolicen el beneficio que supone que un terreno pueda ser urbanizado y, consecuentemente, construirse sobre él, enriqueciéndose por una posición de ventaja, dominante, en este mercado”, ha subrayado Esteban González Pons.
González Pons ha recordado durante su intervención que la Constitución Española incluye en su articulado, además del derecho de todos los españoles a una vivienda digna adecuada, otros dos mandatos: “los poderes públicos regularán la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación” y “la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de las entidades públicas”.
El IVVSA, promotor de suelo público
El conseller de Territorio y Vivienda ha anunciado la intención del Gobierno Valenciano de renunciar a la venta por concurso público de suelo para que así el IVVSA se convierta en un nuevo promotor para los constructores. De este modo, ha añadido González Pons, “cuando la Administración Pública actúa en calidad de promotora puede producirse un efecto positivo de abaratamiento de la vivienda pública”.
González Pons ha recordado, en este sentido, que en las hipotecas de miles de españoles “pesa el suelo, no el ladrillo”, y que el IVVSA gestiona en estos momentos alrededor de 15 millones de metros cuadrados de suelo. De esta cantidad, siete millones de metros cuadrados se encuentra en una fase muy avanzada de ejecución y permitirán sacar al mercado, en un plazo breve de tiempo alrededor de 50.000 viviendas, de las cuales 25.000 serán protegidas.
A estos siete millones de metros cuadrados, habría que sumar los 500.000 metros cuadrados que ya están inscritos en el Registro Autonómico de Patrimonio Municipal de Suelo, la mayor parte de los cuales se encuentran urbanizados o en fase de inminente urbanización y que supondrían más de 3.000 nuevas viviendas protegidas.
Construcción, motor de la economía
El sector de la construcción supone, de forma directa e indirecta, casi el 20% del Producto Interior Bruto de la Comunitat Valenciana y está detrás de la mitad del crecimiento regional reciente, ha explicado en su intervención el conseller de Territorio y Vivienda.
Uno de cada cinco nuevos puestos de trabajo creados en los diez últimos años lo ha generado el sector inmobiliario, lo que ha llevado a duplicar los ocupados en este espacio de actividad económica hasta los 400.000, si se consideran los directos, los indirectos y los inducidos.
“Si la construcción no hubiera ejercido este dinamismo en estos 10 años, ha subrayado González Pons, el crecimiento anual de la Comunidad hubiera sido de 1,5 puntos por debajo del realmente producido, y las pérdidas de empleo hubieran podido alcanzar los 200.000 empleos netos”.
En este sentido, ha afirmado González Pons, “si en todo este periodo no se hubiera puesto ni un solo ladrillo en nuestra Comunidad, en el año 2010 nuestro PIB estaría por debajo del resto de Europa”.
Desarrollo sostenible
El conseller de Territorio y Vivienda ha afirmado que el modelo de desarrollo sostenible que estamos impulsando en la Comunitat Valenciana se sustenta sobre tres ejes de manera simultánea, nunca excluyente. “La vertiente ambiental es tan importante como puede serlo la económica o la social. Cada alteración o recorte sobre uno de estos elementos repercute negativamente sobre los otros restantes”, ha añadido González Pons.