La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, analizó durante su intervención en el Foro Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, la nueva Ley de Suelo que, en su opinión, introducirá los mecanismos necesarios para que los ciudadanos puedan participar en los procesos de ordenación y gestión del suelo, lo que aportara mayor transparencia. Además, la nueva norma persigue lograr un desarrollo urbano sostenible, haciendo ciudades cohesionadas.
Transparecia
Para lograr una mayor transparencia, la ministra subrayó que la nueva Ley de Suelo someterá a información pública los planes y otros instrumentos, incluidos los convenios urbanísticos, y exigirá la elaboración de un resumen ejecutivo de los planes para que los ciudadanos puedan valorar fácilmente qué se quiere hacer y en qué les afecta antes de que se tomen las decisiones urbanísticas.
Sostenibilidad
En su opinión, la nueva norma tiene como objetivo lograr un desarrollo territorial y urbano sostenible que responda a unos mínimos de eficiencia económica, calidad ambiental y cohesión social. Asegurará un desarrollo urbano sostenible sometido a una evaluación ambiental previa y garantizará la disponibilidad de suelo para vivienda protegida mediante el establecimiento de un porcentaje mínimo de reserva de suelo para dicho uso establecido en el 25% de los desarrollos urbanísticos.
Valoración
Una de las mejoras de la gestión pública del suelo de la ley viene determinada por el nuevo régimen de valoraciones que se establece sobre la situación real en que se encuentre el suelo sin tener en cuenta las posibles expectativas que no se hayan concretado aún, explicó la responsable de Vivienda.
El proyecto objetiva valores prudentes de mercado no especulativos y garantiza a los propietarios una adecuada indemnización cuando no pueda participar en la gestión urbanística, del mismo modo que se valora la iniciativa empresarial en el sector.
El Proyecto de Ley de Suelo propone un giro importante de reorientación de la ordenación territorial y urbanística y la gestión del suelo, que lo diferencia claramente de leyes y reformas anteriores. «Se plantea desde la perspectiva del ciudadano y en clara sintonía con los objetivos del desarrollo sostenible».
Los objetivos principales de la Ley, dijo la ministra, podrían sintetizarse en los siguientes puntos:
- Aumentar la transparencia y la participación efectiva de los ciudadanos en los procesos de decisión sobre ordenación y gestión del suelo.
- Asegurar los requisitos mínimos de un desarrollo urbano sostenible mediante principios de sostenibilidad y una evaluación ambiental previa.
- Garantizar la disponibilidad de suelo para la vivienda protegida necesaria, exigiendo un porcentaje mínimo de reserva de suelo para dicho uso.
Conseguir una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado del suelo, desincentivando las prácticas de reclasificación y retención especulativa.
Lucha coordinada contra la corrupción urbanística
La responsable de Vivienda destacó además el esfuerzo que se está haciendo en esta legislatura en una auténtica acción de Gobierno, transversal y coordinada. Además de la Ley de Suelo, actualmente en trámite parlamentario, la Fiscalía y las fuerzas y cuerpos de seguridad están actuando firmemente contra la corrupción urbanística.
A todo ello se añade el plan de prevención del fraude inmobiliario, a través de la Agencia Tributaria, el plan de sostenibilidad de la costa del Ministerio de Medio Ambiente. Y las iniciativas del Ministerio de Interior con las nuevas unidades contra los delitos urbanísticos de la Guardia Civil, señaló la ministra.