El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, una norma que refuerza la capacidad de acción frente a la contaminación atmosférica y constituye una de las principales iniciativas emprendidas por el Gobierno para alcanzar niveles saludables de calidad del aire en el marco de la Estrategia Española de Calidad del Aire, que en breve también será aprobada.
La contaminación atmosférica continua siendo motivo de una seria preocupación en España y el resto de Europa, ya que existen niveles de contaminación con efectos adversos muy significativos para la salud y el medio ambiente, particularmente en las aglomeraciones urbanas. Según un reciente estudio de la Comisión Europea, la contaminación atmosférica causa en Europa 350.000 muertes prematuras al año, de las que 16.000 corresponden a nuestro país.
El objetivo de la futura Ley es sustituir la vigente Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico de 1972, que ha quedado desfasada por la Constitución y por las normativas comunitarias e internacionales, a fin de disponer de una legislación básica que suponga un avance en la reducción de la contaminación y que sea acorde con las circunstancias y exigencias actuales.
Con el proyecto de Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera se pretende contribuir a alcanzar y mantener un nivel de protección elevado para las personas y el medio ambiente frente a los efectos adversos de la contaminación. A tal efecto, la norma se inspira en los principios de cautela y acción preventiva, de corrección de contaminación en la fuente y de quien contamina paga.
La nueva legislación faculta a las comunidades autónomas para ejercer un control más riguroso, y recoge el modelo de gestión de la calidad del aire vigente en Europa, basado en la fijación de objetivos de calidad, la evaluación periódica y la zonificación del territorio por parte de las autonomías según los niveles de contaminación, identificando las que superen los niveles permitidos.
Obligaciones para municipios de más de 250.000 habitantes
Paralelamente, la Ley prevé instrumentos para controlar las emisiones de actividades y productos y regula procedimientos de inspección, además del régimen sancionador. Establece obligaciones para los municipios con una población superior a los 250.000 habitantes, como la de disponer de instalaciones y redes de evaluación, informar a la población de los niveles de contaminación y calidad del aire o elaborar planes y programas para el cumplimiento de los objetivos fijados.
Según la nueva norma, si se superan los niveles de contaminación, las comunidades autónomas y ayuntamientos deberán elaborar planes de reducción que serán determinantes en los instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación del territorio. Esta obligación está ya hoy vigente para un número limitado de contaminantes, pero la nueva Ley la extiende a todos los contaminantes para los que se fijen objetivos de calidad del aire. Asimismo, la Ley refuerza de modo muy importante la efectividad de dichos planes al considerarlos determinantes para los instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación del territorio, de modo que si estos instrumentos contradicen a los planes de calidad del aire, la decisión deberá motivarse y hacerse pública.
Esta Ley constituirá un elemento central de la Estrategia Española de Calidad del Aire, que será aproximadamente aprobada por el Gobierno para asegurar la aplicación efectiva en nuestro país de la Estrategia Temática de la Unión Europea y la nueva Directiva Marco de Calidad del Aire, actualmente en tramitación, que fijan nuevos objetivos para el año 2020.