Los consejeros de las Comunidades Autónomas españolas, ha firmado en Sevilla con la ministra de Medio Ambiente en el marco de la Conferencia Sectorial un Protocolo de colaboración para realizar el “Programa Coordinado de investigación en materia de Impactos y Adaptación al Cambio climático”.
Este protocolo de colaboración es fruto de los acuerdos alcanzados durante la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 11 de enero donde se acordó la puesta en marcha de un programa coordinado entre el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas en materia de I+D en la lucha contra el cambio climático, como política de estado.
Así se pretende avanzar en líneas de investigación que determinen la incidencia que pueda tener el cambio climático en determinados sectores, contando con las administraciones implicadas y con la participación de la sociedad y que, en una primera fase, se centrará en tres sectores especialmente relevantes para la población y economía española: salud, turismo y agricultura.
En concreto, según explicó el Consejero de Castilla-La Mancha, se ha realizado un análisis de los efectos que pueden tener la subida de temperaturas en la salud pública, en colectivos concretos como las personas mayores o en los fenómenos atmosféricos en materia de emergencias sanitarias. Con respecto a la agricultura la necesidad de recursos hídricos, las plagas, las heladas, los nuevos tratamientos etc. Y en cuanto al turismo, su incidencia en el sector costero o el turismo de interior.
Martínez Guijarro indicó que “no hay ningún lugar de la tierra que se puede inhibir del problema que está suponiendo el cambio climático, el calentamiento de la tierra y el problema de las emisiones de CO2 y, por tanto, debemos ir avanzando en las repercusiones concretas que puedan influir sobre los distintos sectores económicos”.
Reducción de emisiones
El consejero manifestó asimismo que la ministra Narbona ha informado a las Autonomías de la comunicación que ha hecho la Unión Europea respecto al Plan Nacional de Asignaciones “que, básicamente, ha respetado lo que planteó España” y que ahora también requiere actuar sobre las emisiones procedentes de los sectores difusos, es decir, los no industriales.
Este tema que, en su opinión, cada vez tendrá mayor trascendencia entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno central, de hecho ocupará de forma monográfica la próxima Conferencia de Presidentes, “es una constante preocupación para el Gobierno castellano-manchego con el objetivo de compatibilizar el crecimiento económico-social de la región y el respeto al medio ambiente”.
Actualmente Castilla-La Mancha emite un total de 27 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, lo que representa un 6% del total del Estado español.
Por sectores, la mayor parte de los Gases de Efecto Invernadero provienen de la producción y transformación de energía con un 22%, el transporte por carretera un 20%, la agricultura también representa un 20%, las cementeras y cerámicas un 14% y el resto de procesos industriales, así como calefacciones y uso doméstico el 24%.
En este sentido, consideró fundamental el trabajo que el Gobierno de Castilla-La Mancha está llevando a cabo desde distintas políticas para contribuir a la reducción de la emisión de estos gases de efecto invernadero; desde la energética, con la nueva Ley que fomenta las energías renovables con el objetivo de conseguir en 2010 una potencia instalada de 3.500 Mw (principalmente eólica) junto la incentivación al ahorro y la eficiencia energética, como la política medioambiental aumentando la superficie forestal de la región que se encuentra ya en 3,7 millones de hectáreas.
Asimismo recordó que en la actualidad el Ejecutivo autonómico se encuentra elaborando la Estrategia Regional para la Prevención del Cambio Climático que englobará actuaciones y políticas a medio y largo plazo para que la Administración colabore estrechamente con la sociedad regional en el cumplimiento del protocolo de Kyoto.