“La nueva Ley de Evaluación de Impacto Ambiental es un compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la protección del medioambiente y una herramienta importantísima para garantizar el desarrollo sostenible de la región”. Así lo ha manifestado el consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro durante su comparecencia en el Pleno de las Cortes regionales donde presentó este proyecto de Ley.
Según el titular de la Consejería, la aprobación de esta nueva Ley busca mejorar y optimizar la gestión ambiental y administrativa, con una tramitación más ágil y sencilla.
“Queremos mejorar las garantías de tutela ambiental a fin de que los promotores de obras o actividades que desarrollan sus iniciativas en nuestra región puedan conocer mejor, en todos los casos, cuales de ellas requieren someterse a dicho procedimiento”, explicó el consejero.
Además se pretende conseguir eficacia administrativa pues, como indicó, “los proyectos o actividades de menor entidad o menor potencial contaminante no precisarán de la tramitación del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que quedará reservado a los supuestos de mayor importancia o mayor riesgo”.
Según el consejero desde que se aprobó la actual Ley en 1999, que ahora se sustituye, se han tramitado en la región más de 12.000 expedientes que han sido sometidos a evaluación ambiental. Unas cifras que, para Martínez Guijarro, ponen de manifiesto la gran trascendencia económica y social de la nueva Ley.
El responsable autonómico de Medio Ambiente y Desarrollo Rural apuntó también que el nuevo texto de Ley autonómica incorpora las distintas modificaciones legislativas y nuevas directivas que han aparecido a lo largo de los últimos años tanto a nivel europeo como nacional.
Por otra parte, el consejero destacó el gran consenso y la participación conseguida en la redacción de la Ley, siendo sometido a la deliberación del Consejo Asesor de Medio Ambiente en dos ocasiones y, de forma particular, a las federaciones y asociaciones de empresarios regionales y organizaciones conservacionistas como Adena y Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha.
Modificaciones más significativas
El responsable de Medio Ambiente y Desarrolló Rural explicó que con las modificaciones introducidas en la nueva Ley se permitirá la reducción en un 40% de los proyectos y actividades que requieran evaluación ambiental por sus escasos efectos en el medio ambiente.
También se han excluido aquellos proyectos que se ubiquen en el interior de polígonos industriales puesto que éstos ya son sometidos a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), salvo que su actividad pudiera presentar riesgo para la salud o el medio ambiente.
Otra importante novedad es la validez de las declaraciones y consultas. Así se ha establecido un plazo de vigencia de tres años, trascurridos los cuales si no se han iniciado las actuaciones, obras o ejecutado el proyecto, deberá someterse nuevamente al procedimiento.
Según apuntó Martínez Guijarro otro de los cambios notables es el silencio negativo, es decir, si la Administración no ha emitido su resolución en los plazos establecidos se entiende que no está conforme con el estudio de impacto ambiental presentado por el promotor.
Asimismo, se contemplan excepciones para aquellos planes y programas que establezcan el uso de zonas de reducido ámbito territorial y modificaciones menores cuando se prevea que no contienen efectos significativos en el medio ambiente.
También podrán tramitarse conjuntamente un plan y el proyecto que lo desarrolla, con objeto de no alargar innecesariamente el procedimiento, como puede ser una modificación de las normas de planeamiento urbanístico con un cambio de calificación de rústico a urbano y a su vez el proyecto de urbanización.
Otro aspecto a destacar será el principio de responsabilidad, de tal forma que los promotores y redactores del estudio de impacto ambiental serán responsables solidarios de su contenido y de la fiabilidad de la información.