Una treintena de expertos internacionales en componentes de los sistemas fotovoltaicos pertenecientes a la International Electrotechnical Comission (IEC) se reúnen durante esta semana, en la sede bioclimática de CENER en Sarriguren (Navarra) para decidir la normativa internacional a aplicar sobre los sistemas fotovoltaicos, el efecto isla de los sistemas fotovoltaicos de conexión a red y elementos de seguridad de las instalaciones fotovoltaicas.
Las decisiones de estos expertos, provinientes de distintos países del mundo EEUU, España, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Austria, Suiza, Eslovaquia, Brasil, Australia, Japón, Tailandia y Corea entre otros, afecta al conjunto de la industria fotovoltaica en los 67 países miembros y asociados a la IEC, industria que mueve un volumen de más de 10.000 MM. de dólares USA en todo el mundo con un crecimiento anual sostenido desde 2000, superior al 30%.
Los tres países que lideran el desarrollo de la industria solar fotovoltáica en el mundo son Japón, con 1,5 GW de potencia instalada, Alemania con 1 GW de potencia instalada y España con 0,1 GW de potencia instalada. “España es un referente mundial en el campo de la energía solar fotovoltaica, sobre todo en lo referente a los sistemas fotovoltaicos de conexión a red. En este segmento España va por delante incluso de los EEUU, de ahí que hayamos aceptado la invitación del CENER para celebrar en su sede de Navarra una de las dos reuniones anuales de nuestro grupo de trabajo”, señala Chuck Whitaker, líder del Grupo de Trabajo especializado en la elaboración de la normativa relativa a componentes de sistemas fotovoltaicos ( inversores, baterías, conectores y fusibles, entre otros) y propietario de una consultora , en California (EE.UU), especializada en EE.RR.
Tanto este Grupo de Trabajo, como el especializado en sistemas fotovoltaicos que lidera el brasileño Markus Real, permanecerán reunidos hasta el viernes 20 de abril en la sede de CENER para dictaminar la normativa internacional sobre sistemas y componentes fotovoltaicos a fin de que la industria de cada uno de los países miembros pueda homologar sus productos dedicados tanto al consumo interno como a la exportación.