Según la APPA, la competencia desleal amenaza la supervivencia de la industria española de producción de biodiésel. La entrada creciente en el mercado nacional de biodiésel subvencionado en Estados Unidos –con 0,20 € por litro– puede provocar en pocos meses el cierre de muchas plantas productoras en España. Con el fin de atajar esta situación de crisis, la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) reclama al Gobierno la adopción de medidas urgentes, como sería, entre otras, modificar la actual legislación fiscal para evitar que los biocarburantes importados con subvención en origen se beneficien también al llegar a España del tipo cero en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH).
APPA considera que esta grave situación viene a poner de manifiesto que las bases de la política española de fomento de los biocarburantes –el citado incentivo fiscal y la inminente obligación de consumo– deben ser completadas con una tercera pata regulatoria que asegure la viabilidad y consolidación de la industria nacional. Sólo así quedarían garantizados los fines que persigue la promoción de los biocarburantes en España: creación de riqueza y puestos de trabajo en el país, desarrollo agrícola autóctono, aumento de la seguridad y la diversificación del suministro energético, y lucha contra la contaminación y el cambio climático.
En EE UU, el biodiésel se beneficia de un crédito fiscal establecido en 2004 por la American Jobs Creaction Act y prorrogado en 2006 por la Energy Bill. Este crédito fiscal equivale a 1 dólar USA por cada galón (3,8 litros) de biodiésel mezclado con gasóleo, lo que en la práctica significa que, añadiendo una sola gota de gasóleo, se obtiene un subsidio de 0,20 euros por cada litro de biodiésel.
Esta política fiscal ha llevado a EE UU a triplicar cada año desde 2004 su producción anual de biodiésel, hasta alcanzar en 2006 una producción de unas 800.000 toneladas procedente de 88 plantas operativas, según datos de la Asociación Americana de Biodiésel. En ese mismo período, la producción de biodiésel en España fue de 125.000 toneladas con 12 plantas operativas.
Resulta, además, que el biodiésel producido en otros países también se aprovecha de esta ayuda fiscal norteamericana. Basta para ello con entrarlo en un puerto norteamericano para luego volverlo a reexportar inmediatamente a terceros países como España.
Una vez en nuestro país, el biodiésel importado desde Estados Unidos se beneficia, sin ninguna cortapisa, del tipo cero en el IEH establecido para promover los biocarburantes, lo que supone actualmente 0,278 euros por litro. Esta situación de competencia desleaI se ve agravada al haberse detectado en el mercado europeo la entrada de partidas que eluden el arancel del 6,5% aplicado al biodiésel, mediante la utilización de códigos aduaneros diferentes, que tienen aranceles menores o incluso inexistentes.
Dumping fiscal y medidas urgentes
Como consecuencia de este dumping fiscal, el biodiésel procedente de EE UU se vende en España a un precio de entre 600 y 650 euros por tonelada, mientras que el coste medio del producto nacional supera los 750 euros. Según los datos manejados por APPA, las importaciones de biodiésel desde EE UU durante los cinco primeros meses de este año han alcanzado ya las 20.000 toneladas, lo que representa una tercera parte de todas las ventas domésticas de la industria española durante 2006, que ascendieron a 62.909 toneladas.
La situación ya está afectando gravemente a las 16 plantas de biodiésel actualmente operativas en España, porque el biocarburante importado fija precios a la baja y destruye progresivamente los márgenes de los productores españoles, que están viendo disminuir sus ventas y perdiendo cuota de mercado. Algunas empresas ya se han visto obligadas a reducir o detener su actividad y, si no se toman medidas urgentes, buena parte de la industria nacional se verá irremediablemente abocada al cierre en cuestión de meses.
APPA considera que la medida más eficaz para atajar esta situación sería la de modificar con urgencia la legislación fiscal para condicionar la aplicación del tipo especial cero en el IEH a que los biocarburantes importados no se hayan beneficiado en sus países de origen de desgravaciones o créditos fiscales que los coloquen en una posición competitiva desigual respecto a los biocarburantes producidos en España.
Más allá de este caso, se trataría de proteger estructuralmente el mercado español ante futuros y probables mecanismos de subsidiación adicionales que puedan establecer países de Latinoamérica o el Sudeste asiático.
El modelo francés
Casi toda Europa, primera consumidora mundial de gasóleo, se está viendo afectada por las exportaciones norteamericanas, que comenzaron el año pasado y han explotado este. La Asociación Europea de Biodiésel –que ya ha solicitado a la Comisión Europea la aprobación de medidas arancelarias defensivas– calcula que durante 2007 entrarán en la Unión Europea no menos de 500.000 toneladas.
Sin embargo, algunos países, como Francia, han sabido construir un mecanismo regulatorio basado en cuotas de producción asignadas por la Administración a las que se liga la exención fiscal. Ello favorece que los beneficios de la política de fomento de los biocarburantes redunden en un desarrollo nacional controlado, protegiendo de facto sus mercados contra las importaciones de otros países.
APPA cree necesario estudiar la incorporación a la legislación española de algún mecanismo equivalente o similar al francés, lo que, al mismo tiempo, permitiría controlar el crecimiento de la capacidad de producción de biodiésel instalada en España. Junto con la exención en el IEH y la obligación de biocarburantes, estas medidas adicionales propuestas permitirían asegurar el desarrollo de una industria nacional de producción de biocarburantes y, con ello, la consecución de los fines ambientales, sociales, económicos y estratégicos que fundamentan la política española y europea de fomento de los biocarburantes.
Dicho de otra manera, si el biocarburante consumido en España acabara procediendo fundamentalmente de otros países, más aún si utiliza mecanismos de competencia desleal, dicha política de fomento perdería buena parte de su justificación.