El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado (AGE), sus Organismos Públicos y las entidades gestoras de la Seguridad Social. Se trata de implantar prácticas respetuosas con el medio ambiente en la contratación pública, de forma que se alcance, en 2010, la meta fijada por la Unión Europea en la Estrategia revisada para un Desarrollo Sostenible.
El Plan establece objetivos cuantificados en la incorporación de criterios ambientales para adquirir y contratar grupos de productos, servicios y obras considerados como prioritarios, lo cual de ningún modo debe suponer mayor gasto presupuestario.
Todas las medidas contenidas en el Plan conceden plazos razonablemente dilatados (desde 2010 hasta 2015), con el objeto de que los mercados puedan adaptarse sin dificultad. Y las exigencias contenidas en las normas o certificaciones solicitadas responden a niveles actualmente disponibles, por lo que las adquisiciones de productos ecológicos podrán realizarse sin dificultad.
La puesta en marcha de un plan de "compras verdes" en España comporta beneficios ambientales directos, así como beneficios socioeconómicos ligados a la importancia de la Administración Pública como agente económico que compra y contrata servicios. En este sentido, se puede destacar que, en el marco europeo, la contratación de suministros, servicios y obras en las Administraciones Públicas suman 1,5 billones de euros anuales, una cifra que representa el 16 por ciento del Producto Interior Bruto Comunitario.
Desde el punto de vista económico, el Plan se traducirá en una mayor racionalidad ambiental de las compras públicas y se convertirá, seguramente, en un impulso orientador de una producción más respetuosa con el entorno. Y ello, según estudios europeos, redundará en la ampliación de estos mercados, con un efecto positivo sobre los precios.
La Administración Pública constituye, en efecto, uno de los principales motores de cambio que pueden contribuir decisivamente al cambio de las economías de escala de productos y tecnologías ambientalmente menos dañinos con el entorno, fomentando cambios en el sector productivo.
Estrategia Europea
La citada estrategia comunitaria de "compras verdes" surgió como conclusión de un estudio encargado por la Comisión Europea, en 2005, en el que se analizaron mil pliegos de contratación y otro tantos cuestionarios realizados a los entonces 25 Estados miembros. El estudio reveló que siete países —Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Holanda, Suecia y el Reino Unido— consideraban un mayor número de criterios ambientales en sus contrataciones. De ahí surgió el objetivo operativo general de “aspirar a alcanzar para 2010 en toda la Unión Europea un nivel medio de contratación pública ecológica igual al que han alcanzado hasta ahora los Estados miembros más sobresalientes”.
El Plan español, por tanto, responde a los objetivos comunitarios y, a su vez, pretende ser complemento y servir de apoyo a la implantación de otras políticas estatales de defensa del medio ambiente como el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los edificios de la Administración General del Estado, el Proyecto de Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) y la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia horizonte 2007-2012-2020.
Pautas de ahorro y protección del entorno
Cada grupo de productos cuenta con objetivos específicos establecidos en el texto del Plan de Contratación Pública Verde de la AGE. El Plan hace suyo el objetivo del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de lograr un ahorro energético del 9 por ciento en 2010 y el 20 por ciento en 2016, y añade el de conseguir un ahorro de agua del 20 por ciento, además de la garantía de mejoras ambientales generales de los edificios en casos de rehabilitación integral o en el mantenimiento de los mismos. Se consideran, por supuesto, todas las fases, desde la elaboración de los proyectos hasta la ejecución de las obras.
En cuanto a materiales, en general, criterios como el de la utilización de materiales naturales próximos (frente a materiales elaborados o que requieran una gran cantidad de energía en su transporte); el que sean fácilmente recuperables al final de su vida útil y con baja emisión, entre otros.
En materia de transporte, el Plan pretende conseguir una disminución de la contaminación atmosférica generada por los vehículos de la AGE y una reducción del 20 por ciento del consumo total de combustibles fósiles en referencia al año 2006. Para ello, se establece que, en el horizonte de 2012, el parque móvil deberá consumir un 38 por ciento de biocombustibles sobre el total de combustibles consumidos. Por otro lado, se procurará incrementar el uso del transporte público para acceder a los actos.
En cuanto a la energía, los objetivos son los contemplados en el Plan de Ahorro y eficiencia energética para los edificios de la AGE. En equipos de oficina, se prevé una reducción del consumo de energía y de papel, así como el uso de papel reciclado, entre otros. Cabe reseñar, en este punto, que los resultados de un estudio de comparación del mercado de ordenadores personales en varios países concluyó que, en España, la realización de una ‘compra verde’ frente a una convencional produciría un ahorro del 4 por ciento en los costes totales y la misma comparación, en pantallas de ordenador, sitúa el ahorro en un 16 por ciento. Y, en impresoras láser, la ‘compra verde’ sería incluso un 38 por ciento más barata.
Sobre la calidad ambiental del papel, los dos aspectos claves a considerar son: el origen de la fibra-reciclada o no reciclada y el impacto en el proceso de elaboración. En este apartado, el texto establece que, en 2010, se deberá alcanzar un consumo de papel reciclado del 50 por ciento y, en 2015, esa cifra deberá ampliarse hasta el 90 por ciento. Además, en 2015, la AGE deberá reducir el número de publicaciones en un 40 por ciento respecto al año 2006. En lo referente a los productos de limpieza hechos de papel, el cien por ciento será de origen reciclado en 2010.
El mobiliario es otro de los ítems que contempla varios aspectos a tener en cuenta. Por lo tanto, se establece que debe comprarse madera de origen legal y procedente de explotaciones gestionadas de forma sostenible y sin utilización de sustancias tóxicas en su tratamiento. Por otro lado, se fija como criterio de adjudicación la garantía de disponibilidad de recambios por cinco años. En síntesis, el Plan de Contratación Pública Verde significa el primer gran paso de un verdadero cambio de hábitos en la gestión y el consumo.