Los Colegios de Arquitectos e Ingenieros Industriales de Madrid han firmado un convenio para desarrollar conjuntamente un modelo de resolución de informes de Licencias que pueda contribuir a la rápida resolución de la concesión administrativa de Licencias Urbanísticas por parte del Ayuntamiento.
El acuerdo entre ambos Colegios está amparado por la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y las Ordenanzas de tramitación de Licencias que abren la posibilidad de que los colegios profesionales puedan colaborar con las administraciones en la redacción de los informes previos tendentes a la valoración, concesión o denegación de las solicitudes de Licencias urbanísticas.
En cumplimiento de estas Leyes y en el estricto marco de la legalidad vigente, ambos Colegios van a ofrecer a las Administraciones municipales su colaboración para realizar los informes urbanísticos y ayudar a agilizar los plazos en la tramitación de estos expedientes. Los Colegios calculan que el tiempo de tramitación de sus informes puede quedar reducido a un plazo de dos meses frente a los plazos actuales que en ocasiones se alargan hasta dos años.
Esta colaboración puede ser enormemente positiva para la economía de Madrid, al aumentar la eficacia y reducir los tiempos de realización de las inversiones económicas que dependen de este tipo de tramitación.
La intención de esta oferta es también la de generar una auto-regulación de la sociedad civil descargando a la Administración de la tarea administrativa de control de la legalidad urbanística. Esta función puede ser resuelta por la propia sociedad civil a través de organismos con responsabilidad pública como son los Colegios Profesionales directamente implicados.
Arquitectos Superiores e Ingenieros Industriales tienen la responsabilidad en el 90% de la edificación que se realiza en Madrid. Esto no es óbice para que ambos Colegios vayan a invitar a otros Colegios con responsabilidades subsidiarias a que se incorporen al proceso de conformación del modelo de resolución.
El proyecto de ambos Colegios se extiende al conjunto de la Comunidad de Madrid. No solo al Ayuntamiento de Madrid, también al resto de los ayuntamientos y la federación de Municipios, de cara a estructurar una fórmula que resulte beneficiosa para administraciones y ciudadanos.
Dicho sistema podría estar operativo en el último trimestre de este año, con la adaptación correspondiente de la tramitación municipal. No tendría coste para los Ayuntamientos y supondría una reducción de los costes de tramitación, personal e informes. El coste para los particulares podría ser compensado por la reducción de las tasas, es decir de los costes de tramitación de dichos expedientes para los Ayuntamientos.