El Consejo andaluz de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto regulador de las ayudas a proyectos en favor del medio ambiente y el desarrollo energético sostenible que concede la Junta de Andalucía, cuya cuantía global para los próximos siete años se calcula en unos 770 millones de euros. La norma, que se adapta a las directrices de la Comisión Europea para el periodo 2008-2014, incluye entre sus novedades la exigencia de que los incentivos produzcan un cambio sobre el comportamiento de la persona o entidad beneficiaria en relación con la incidencia ambiental de su actividad. Asimismo, se introduce el criterio de necesidad y proporcionalidad de las ayudas, que deberán conseguir resultados que no podrían alcanzarse con aportaciones de menor intensidad o cuantía.
De acuerdo con el marco normativo comunitario, estos incentivos se conceden con el fin de corregir el fallo de mercado que da lugar a un nivel de protección inferior debido a la pérdida de competitividad que suponen los costes de disminuir la contaminación e incorporar criterios de sostenibilidad energética. El objetivo debe alcanzarse sin producir efectos desproporcionados en la competencia y respetando el principio de integrar los costes de protección ambiental en los de producción.
La regulación aprobada afecta tanto a los incentivos directos de la Adminstración autonómica como a los que gestiona procedentes de fondos europeos con destino a proyectos de reducción de la contaminación; incremento de la protección ambiental en el sector del transporte; ahorro de energía; fomento de las fuentes renovables y de los sistemas de cogeneración; climatización urbana eficiente, gestión de residuos; recuperación de suelos contaminados, y realización de estudios medioambientales y energéticos.
Como costes subvencionables se señalan, entre otros, los relativos a adquisición de terrenos, urbanización y obras exteriores, edificación de obra civil, compra de maquinaria y materias primas, servicios externos de asesoramiento, gastos de certificación y trabajos de planificación e ingeniería. Respecto a estos costes se fijan porcentajes máximos de ayuda, tanto mayores cuanto menor es el tamaño de la empresa, que van del 50% al 100% en los casos de proyectos para la recuperación de suelos contaminados.
El ámbito de aplicación de las ayudas se extiende a todos los sectores que se rigen por el Tratado de la Comunidad Europea y también a otros sujetos a normas específicas en materia de incentivos públicos, como la siderurgia, el transporte, la agricultura, la pesca o las industrias navales y de automoción. Por el contrario, se excluyen los proyectos relacionados con infraestructuras de transporte aéreo, viario, ferroviario, marítimo y navegable interior, así como la fabricación de productos ecológicos y medios de transporte sostenible y las medidas de mejora de la seguridad e higiene en centros productivos.
Además de definir el ámbito de aplicación, el decreto aprobado especifica que no se concederán ayudas a entidades que no sean capaces de adaptarse a las normas y tecnologías medioambientales. Los incentivos tampoco propiciarán el mantenimiento artificial en el mercado de empresas con dificultades o de sectores con exceso de capacidad. De igual modo, se descartan las ayudas si se comprueba que existen empresas del mismo sector que alcanzan sin ellas el de protección ambiental propuesto.