Con motivo de la entrada en vigor, hoy 25 de junio, de la nueva Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, Greenpeace y APPA proponen al Gobierno que utilice su proposición de Ley de Renovables, presentada por estas dos organizaciones, para dar cumplimiento a la obligación de trasponer la Directiva a la legislación española.
La nueva directiva, aprobada por el Consejo y el Parlamento europeos el pasado mes de abri y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado 5 de junio, establece por primera vez un objetivo mínimo obligatorio que puede ser cumplido con todas las fuentes de energías renovables. En el caso de España, el objetivo obligatorio para 2020 es alcanzar al menos el 20% del consumo de energía final con fuentes de energías renovables y el 10% en el transporte.
Greenpeace y APPA consideran que España puede y debe asumir un liderazgo europeo y mundial en el desarrollo de las energías renovables, por lo que en su propuesta incluyen objetivos más ambiciosos para nuestro país, de forma que las renovables alcancen en 2020 al menos un 30% del total de la energía final consumida y al menos un 50% de la electricidad. Greenpeace y APPA presentaron el pasado 20 de mayo su anteproyecto de Ley de Energías Renovables en el que se aúna la visión del movimiento ecologista con el de la patronal de las energías limpias para facilitar la elaboración de la nueva Ley prometida por el Gobierno. Ambas asociaciones piden al Gobierno español que actúe con urgencia en la tramitación y publicación de una Ley de Renovables, que trasponga a la legislación española la normativa europea en materia de renovables.
Para Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace, "España no debe desaprovechar esta oportunidad de liderar la nueva "economía verde", pero para ser un líder hay que asumir objetivos de líder y no quedarse en la mediocridad del promedio europeo; nuestra propuesta de ley es el instrumento que necesita el Gobierno para cumplir esos objetivos". Según José María González Vélez, presidente de APPA, "es necesario transponer la Directiva en una Ley que establezca un marco regulatorio favorable y a largo plazo, que serán de gran ayuda para reducir la elevada dependencia energética de España, para cumplir con sus compromisos internacionales contra el cambio climático, a la vez que representará una gran oportunidad de negocio para las empresas españolas del sector de energías renovables, un sector que debe convertirse así en uno de los ejes centrales dentro de la estrategia para salir de la actual crisis financiera y económica".
El Gobierno estaba trabajando en una ley conjunta de renovables y eficiencia, y recientemente el Presidente del Gobierno ha anunciado la elaboración de una ley de economía sostenible. Greenpeace y APPA consideran que, ahora que está en vigor la Directiva de Renovables que España está obligada a trasponer, es más eficaz aprobar una ley específicamente de renovables, como la propuesta por estas dos entidades, e introducir las disposiciones relativas a eficiencia energética, que no disponen de una Directiva europea, en la ley de economía sostenible.
Dentro de un año, el 30 de junio de 2010, los diferentes Gobiernos deben establecer sus Planes de Acción Nacional, hoja de ruta del desarrollo de las energías renovables, de los que deberán tener ya listo un avance en enero del próximo año con los requisitos especificados en la Directiva. Esta urgencia de dar un fuerte impulso a las energías renovables en la Unión Europea es fruto de la necesidad de asegurar el suministro energético mediante fuentes de energía autóctonas que contribuyan eficazmente a la lucha contra el cambio climático.
Entre las buenas intenciones y la voluntad de los Gobiernos
El espíritu y la norma de la nueva Directiva europea de Renovables coincide con las propuestas realizadas por Greenpeace y APPA, al pedir para todas las tecnologías renovables estabilidad regulatoria, simplificación administrativa y facilidad de acceso a la red , y pedir a los Gobiernos que eliminen las barreras no económicas para el desarrollo de las energías limpias. Sin embargo, las últimas regulaciones del Gobierno español suponen todo lo contrario, como es el caso del RDL 6/2009, recientemente aprobado en el Congreso de los Diputados con los votos favorables del PSOE, CIU y PNV, la abstención del PP y el voto en contra de todo el Grupo Mixto.
APPA y Greenpeace valoran positivamente la nueva Directiva de Energías Renovables, ya que da la oportunidad al Gobierno español de realizar una apuesta decidida por el sector de las energías renovables. Esa es la filosofía de su propuesta conjunta de Ley, la de mejorar un sistema de apoyo a las energías limpias que ha servido de modelo en toda Europa.