Una organización compensa sus emisiones de gases de efecto invernadero invirtiendo en proyectos de reducción de emisiones realizados por terceros. La compensación de emisiones está en continua expansión en los últimos años. Según el informe “State of the Voluntary Carbon Markets 2011”, de Ecosystem Marketplace y Bloomberg, en 2010 el volumen de transacciones en los denominados “mercados voluntarios” llegó a los 131 millones de toneladas de CO2 valoradas en 424 millones de dólares. Este dato supone un aumento del 34% respecto a los 98 millones intercambiados en 2009.
En España, la compensación de emisiones se está configurando como un instrumento más en materia de reducción de emisiones de CO2. El grado de conocimiento sobre esta práctica es muy elevado, y así lo reconoce el 80% de los participantes en este estudio. Sin embargo, sólo un 30% de los encuestados afirma haber compensado emisiones. Las principales razones que han frenado la utilización de estos mecanismos de compensación han sido, fundamentalmente:
- La preferencia por llevar a cabo acciones de reducción de emisiones (80%) como objetivo en materia de cambio climático.
- El elevado precio de la tonelada de CO2 (12%).
- La falta de seguridad (8%).
El informe “La compensación de emisiones en España 2012” revela también que, entre las compañías españolas que han compensado emisiones, la preferencia es hacerlo a través de los mecanismos flexibles del Protocolo de Kioto, es decir, con créditos CER y ERU, y así lo manifiesta un 50% de los encuestados. El importe pagado por cada tonelada de CO2 compensada se sitúa en la franja de entre 5 y 15 euros, con un precio medio de 10,50 euros.
Proyectos de compensación de emisiones
El informe recoge que, en caso de invertir en proyectos de compensación de emisiones, un 34% de las organizaciones españolas lo haría a través de iniciativas relacionadas con energías renovables, mientras que otro 22% lo haría de los relacionados con los usos del suelo proyectos forestales. Una tendencia que también se da a nivel mundial ya que, según el informe “State of the Voluntary Carbon Markets 2011”, la mayor parte de los proyectos de compensación de emisiones de CO2 estuvieron ligados a iniciativas relacionadas con la reducción de las emisiones en el uso del suelo. Así, las iniciativas REED de deforestación evitada supusieron el 29%, seguidas por las de reducción de emisiones de metano en vertederos (16%) y las de energía eólica (11%). Asimismo, destacan las iniciativas de aforestación/reforestación (6%), de energía hidráulica (6%), de ODS (6%) y de gestión forestal eficiente (5%).
¿Son de calidad las compensaciones en España?
Las reducciones de emisiones deben ser efectivas y estar garantizadas por algún tipo de estándar internacional de reconocida solvencia, como el Gold Standard, el Voluntary Carbon Standard (VCS) y los Mecanismos Flexibles del Protocolo de Kioto (CER y ERU). La clave no debe ser la organización que provee las reducciones, sino la solvencia de todo el proceso subyacente: revisión efectiva del proyecto, creación del activo y registro.
En el estudio se analizan las 50 acciones de compensación de emisiones consideradas más relevantes en España para clasificarlas según la calidad de la compensación y mostrar así la realidad de los mercados voluntarios en nuestro país. Para ello, se han tomado en cuenta cuatro variables: el alcance de las emisiones compensadas, que va desde la huella de carbono (el caso más óptimo) hasta la compensación de un evento, jornada, publicación o similares; el tipo de certificado que han obtenido (diferenciando entre estándares de reconocida calidad y otros que ofrecen menos garantías), el país en el que se ubica el proyecto y el tipo de sector.
En términos generales, puede señalarse que la mayor parte de la compensación de emisiones realizada en España cumple con unos criterios de calidad suficiente. En cuanto a las compensaciones que no superarían el aprobado, destaca la alta presencia de proyectos forestales desarrollados en España. En estos casos existe un potencial problema de “doble contabilidad” así como, en ocasiones, falta de certeza sobre la permanencia de carbono. A menudo, se detecta una falta de información, sobre todo, en lo referente al tipo de créditos utilizados.
Por sectores, destaca especialmente la alta presencia del bancario. También aparecen compañías relacionadas con la moda y la aviación (sector que desde enero de este año forma parte del Comercio Europeo de Derechos de Emisión).
Respecto al lugar en el que se lleva a cabo el proyecto, se ha diferenciado entre países industrializados o no (en vías de desarrollo). Siempre es más conveniente reducir en países no industrializados, ya que no tienen límite a sus emisiones y, por tanto, no hay riesgo de doble contabilidad. El 74% de las reducciones se llevan a cabo en países no industrializados, por lo que se entiende que, en este sentido, las compensaciones que se están realizando son óptimas.
Por último, se ha estudiado el tipo de emisiones compensadas. En este caso se ha diferenciado entre la huella de carbono (que mide todo el ciclo de vida de un producto o servicio); las emisiones hasta cierto objetivo de reducción; el inventario de emisiones; y la compensación de actos puntuales como pueden ser un evento, una jornada o una publicación. La mayor parte de las emisiones compensadas corresponden a un objetivo fijado previamente por la organización (41%). No obstante, el cálculo de la huella de carbono cada vez está cobrando un mayor protagonismo en la esfera empresarial, por lo que se prevé que el porcentaje actual (19%) crecerá en los próximos años.
El informe elaborado por la consultora Factor CO2, es el primer estudio específico sobre la compensación voluntaria de emisiones en España realizado con la participación del propio sector.