"El futuro de los servicios públicos pasa necesariamente por el hecho de que estos servicios sean sostenibles. Los responsables de las entidades locales y supramunicipales así lo hemos entendido desde hace tiempo y, por ese motivo, hemos desarrollado proyectos de sostenibilidad en la gestión de los servicios públicos".
Son palabras de Antonio Conde, pronunciadas en el foro de las jornadas sobre "Gestión Pública Sostenible: Ecoadapatación" organizadas por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) con la colaboración de la propia Diputación y de la Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía, CEPES Andalucía. El diputado provincial de Servicios Públicos para la Sostenibilidad ha participado en la inauguración de esta jornada, junto a Esperanza Perea, directora general de Espacios Naturales y de Participación Ciudadana de la Junta y el vicepresidente del Área de Desarrollo Local y Empleo de CEPES, Juan Antonio García.
Según Conde, hay elementos que garantizan la sostenibilidad de los servicios públicos que gestionan las entidades locales. "En el ámbito local son necesarias políticas de agua respetuosas con el medio ambiente; que se fomente la recuperación, reciclaje, reutilización y valorización de los residuos para disminuir las emisiones de efecto invernadero, políticas energéticas de ahorro del alumbrado público y utilización de energías renovables, así como una política de comercio justo".
Esta jornada, que se incluye en el plan de formación continua de la FAMP para 2012, va dirigida a responsables políticos y técnicos de la Administración Local, así como a representantes de la economía social de Andalucía. Se trata de reflexionar en común sobre un nuevo modelo de desarrollo local más sostenible, desde el que afrontar los retos del presente y del futuro inmediato en clave verde y con fórmulas eficaces.
El objetivo es avanzar hacia el desarrollo sostenible andaluz, desde la perspectiva local, a fin de incorporar en su funcionamiento criterios de compra pública responsable que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía. Para ello, se busca incentivar la implantación de sistemas de gestión medioambiental en las administraciones locales, como parte de la mejora en los servicios públicos y familiarizar a los responsables políticos y técnicos con la ecogestión ambiental.