La Comisión Europea ha trabajado sobre nuevas propuestas para racionalizar la legislación relativa a las evaluaciones del impacto ambiental. Las propuestas persiguen reducir las cargas administrativas y facilitar la evaluación del posible impacto de los grandes proyectos, sin debilitar las salvaguardias ambientales existentes. Los niveles actuales de protección del medio ambiente se reforzarán y las empresas se beneficiarán de una normativa armonizada.
Janez Potocnik, Comisario de Medio Ambiente, ha declarado lo siguiente: "Durante los veinticinco últimos años, la Directiva EIA ha ayudado a garantizar que las consideraciones medioambientales formen parte del proceso de toma de decisiones sobre proyectos, lo que ha mejorado la sostenibilidad de estos, así como la capacitación de los ciudadanos y la garantía de su información y consulta antes de tomar decisiones. Sin embargo, hay que colmar las lagunas, sobre todo en lo relativo a la calidad del proceso de evaluación, a fin de velar por que los proyectos que vayan a afectar al medio ambiente se evalúen adecuadamente."
La Directiva EIA entró en vigor hace más de veinticinco años. Se ha modificado en varias ocasiones, pero, tras una amplia consulta a los interesados, la Comisión ha decidido que es hora de proceder a una revisión exhaustiva, adaptándola a la evolución política, jurídica y técnica. Los cambios también están orientados hacia el futuro y quedarán reflejados en el proceso de evaluación los nuevos desafíos importantes para el conjunto de la UE, en ámbitos tales como la eficiencia en el uso de los recursos, el cambio climático, la biodiversidad y la prevención de catástrofes.
Los cambios propuestos son:
- Ajustar el procedimiento que determina si resulta necesaria una evaluación medioambiental, lo que garantizará que solo los proyectos con efectos medioambientales importantes sean objeto de dicha evaluación. Los proyectos adaptados para reducir sus efectos y los proyectos pequeños con repercusiones locales deben aprobarse más rápidamente y a menor coste, dejando a las autoridades más tiempo para centrarse en la evaluación de grandes proyectos con efectos ambientales a gran escala.
- Reforzar la normativa para garantizar una mejor toma de decisiones y evitar los daños al medio ambiente. El impacto de propuestas alternativas tendrá que tenerse en cuenta de forma más sistemática y las autoridades competentes deberán explicar los motivos de sus decisiones con más claridad.
- Racionalizar las distintas etapas del procedimiento de la EIA mediante la introducción de plazos y de un nuevo mecanismo para facilitar el proceso cuando varias evaluaciones sean necesarias y participen varias autoridades. Estos cambios reportarán una mayor seguridad jurídica y agilizarán el procedimiento sin poner en peligro la calidad de la evaluación.
Estas propuestas son el resultado de un proceso de revisión que ha incluido amplias consultas, así como estudios sobre la eficacia de las normas vigentes y el efecto de las posibles modificaciones.
Próximos pasos
El Parlamento Europeo y el Consejo estudiarán ahora las medidas propuestas. Una vez que se acuerde el texto, se convertirá en Derecho de la UE.
Antecedentes
El objetivo de la Directiva EIA es garantizar que los proyectos que puedan tener un efecto importante en el medio ambiente se evalúen adecuadamente antes de su aprobación. Por lo tanto, antes de adoptar cualquier decisión de autorización de un proyecto se determinan y evalúan sus posibles repercusiones en el medio ambiente derivadas tanto de su construcción como de su explotación. Los promotores pueden ajustar entonces los proyectos para reducir al mínimo sus repercusiones negativas antes de que estas se produzcan realmente o las autoridades competentes pueden incorporar medidas para evitar, reducir o compensar los impactos ambientales en la aprobación del proyecto.
La Directiva también garantiza la participación de la población en los procedimientos de toma de decisiones en materia de medio ambiente. En especial, los ciudadanos interesados deben tener la posibilidad de presentar sus observaciones mientras quedan todavía abiertas todas las opciones para la autoridad competente, esto es, antes de adoptarse una decisión definitiva sobre la solicitud del proyecto. Al aprobar un proyecto, la autoridad competente deberá informar al público, entre otras cosas sobre las medidas previstas para evitar, reducir o compensar sus efectos en el medio ambiente.