El Portal del Registro Estatal de Emisiones de Fuentes Contaminantes (PRTR-España), del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), ha registrado una media de un millón de visitas al año desde su puesta en marcha hace doce años.
Así lo ha destacado la Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, Guillermina Yanguas, durante la inauguración de la II Jornada Internacional “PRTR-España: 2001-2011. Diez años de información pública. Retos para el futuro. Conmemorando el Año Europeo del Aire”, celebrada en la sede del Ministerio.
Con jornadas como esta, según ha subrayado Yanguas, el Ministerio da un paso más en el proceso que se inició en 2001 con la puesta en marcha del Registro Estatal, entonces EPER-España en el marco de la Directiva IPPC y de la Ley 16/2002. “Han pasado más de 10 años. Es tiempo de análisis y propuestas de mejora para el futuro”, ha resaltado la Directora General. Ha recordado que desde el principio, el Ministerio y las Comunidades Autónomas, como autoridades competentes, apostaron por este instrumento en el marco de las políticas ambientales hacia una mayor transparencia informativa de las empresas y las administraciones con el público en general, tal y como se reconoce en el Convenio de Aarhus y en la Ley por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Para ello, ha indicado que PRTR-España es una herramienta que, de forma integral, permite la acción a todos los que intervienen en el proceso, en diferentes periodos de tiempo y respetando el marco competencial español.
Portal de referencia de información ambiental y fuente de consulta para entidades y organizaciones, como lo confirma el número de visitas a la parte pública de PRTR-España, que se mantiene en torno al millón al año, procedentes de todo el mundo.
Por último, Guillermina Yanguas ha reiterado que “el compromiso de España no se ha limitado al ámbito nacional y europeo, sino que también ha dado apoyo técnico y financiero a proyectos e iniciativas para la implantación de este tipo de registros, especialmente en Iberoamérica, así como en otros proyectos en Europa de la OCDE y de Naciones Unidas”.