La Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético reclama que la próxima regulación de autoconsumo con balance neto sea justa, de modo que realmente beneficie a los consumidores, al permitirles ahorrar en su factura energética y aumentar su competitividad. El desarrollo de un mercado de generación distribuida, ligado al ahorro y la eficiencia, crearía empleo, fomentaría el desarrollo tecnológico, ayudaría a alcanzar los objetivos ambientales, evitaría importaciones energéticas… Y permitiría la supervivencia de buena parte del sector renovable, particularmente el relacionado con las energías fotovoltaica y la minieólica.
El Gobierno ha anunciado que el próximo paquete de medidas de la reforma energética en curso incluirá la normativa del autoconsumo con balance neto, una modalidad de ahorro y eficiencia energética con numerosas ventajas para los consumidores y para el conjunto del país, cuyo éxito depende del tipo de regulación que se le aplique.
Hace dos años (Real Decreto 1699/2011) se contempló la posibilidad de instalarse un sistema de generación y autoconsumir la propia electricidad instantáneamente, sin que se haya desarrollado el reglamento en todo este tiempo. Ante el inevitable avance tecnológico, se realizaron algunas instalaciones pioneras, pero la deficiente reglamentación ha impedido que el incipiente mercado desarrolle su potencial.
La anunciada próxima regulación del balance neto –que acumula más de un año de retraso– debería unificar, aclarar y completar las normas existentes, así como establecer unas reglas para el intercambio de energía con el sistema eléctrico que sean justas para los consumidores y beneficiosas para el interés general.
El modelo de la Plataforma
En noviembre de 2011 se inició la tramitación de un real decreto sobre balance neto, que ya ha recibido el preceptivo dictamen de la Comisión Nacional de Energía. Éste era acorde con los puntos defendidos por la Plataforma, por lo que creemos que el real decreto debería contemplar los siguientes puntos:
- El tamaño de los sistemas de autoconsumo ha de ser acorde con la potencia contratada por el consumidor. En la actualidad hay un límite máximo de 100 kW que impide su aplicación en numerosas ramas industriales y explotaciones agrarias, negándoles la mejora de su competitividad.
- Se debe autorizar el autoconsumo compartido, de modo que varios consumidores puedan beneficiarse de una misma instalación, como ocurriría en una comunidad de vecinos o un polígono industrial. Se podría establecer limitaciones para que se aplicase a un único bien inmueble o a la referencia catastral de los distintos puntos de suministro.
- Se debe permitir que el titular de la instalación y el de la superficie donde esté ubicada sean distintos, al objeto de permitir modelos de negocio propios de las empresas de servicios energéticos y evitar que las rigidices contractuales impidan artificialmente la introducción de una mayor competencia en el sistema eléctrico.
- El autoconsumo instantáneo debe estar exento del pago de peajes por el acceso a las redes –puesto que no se están usando–, mientras que el intercambio de energía propio del balance neto sólo debe abonar los peajes que le correspondan por el uso efectivo de las mismas (en su entorno más circundante de la subestación).
- Para despejar cualquier duda sobre el ritmo de incorporación al sistema eléctrico de las instalaciones de autoconsumo con balance neto, la Plataforma propone el establecimiento de cupos anuales: 200 MW el primer año, 300 MW el segundo, y 400 MW el tercero y siguientes, con la posibilidad de adaptarlos en función de la evolución del mercado.
- Las tramitaciones administrativas deberían reducirse al mínimo necesario, evitando el retraso de los proyectos y los sobrecostes derivados.
Impacto socioeconómico muy positivo
Con el modelo propuesto por la Plataforma, la incidencia del autoconsumo con balance neto sobre el sistema eléctrico sería mínima: tras cinco años de implantación, no se alcanzaría a cubrir el 1% de la demanda eléctrica del país.
Sin embargo, durante esos cinco años se habría avanzado en la consecución de los objetivos españoles de renovables a 2020 y los usuarios del sistema de autoconsumo no percibirían primas por la energía generada y, además, se habrían obtenido unos retornos socioeconómicos muy positivos: más de 5.000 puestos de trabajo diseminados por todo el territorio, un ingreso fiscal al Estado superior a los 250 millones de euros, y se habrían evitado importaciones energéticas por más de 70 millones.
Adicionalmente, el nuevo mercado de autoconsumo con balance neto habría aportado otras ventajas intangibles, pero de primera magnitud, como la contribución a la lucha contra el cambio climático –y su relación directa con los pagos por emisiones de CO2–, el uso más eficiente de las infraestructuras eléctricas, la mejora de la competitividad empresarial o el desarrollo tecnológico.
Este último punto es particularmente importante, por la estrecha relación de la generación distribuida con el desarrollo de redes inteligentes y de ciudades inteligentes. Una buena normativa sobre autoconsumo con balance neto permitiría realizar un despliegue rápido de tecnologías y situar al país en la vanguardia de una actividad de gran valor añadido.
En un momento de crisis industrial como el actual, el desarrollo del autoconsumo con balance neto permitiría el mantenimiento de cierta actividad en la industria renovable española, actualmente en proceso de descomposición por la moratoria en vigor al régimen de primas y los constantes y restrictivos cambios regulatorios.