La Asociación de Ciencias Ambientales ACA ha presentado un estudio en el que se analiza la información ofrecida por las 17 comunidades autónomas sobre la certificación energética de los edificios, tras los 8 primeros meses de dicha normativa, implantada el pasado 1 de junio de 2013.
El estudio ha sido realizado con el objetivo de poner a disposición de las comunidades autónomas un diagnóstico de la información ofrecida y una herramienta que permita su mejora, teniendo en consideración para ello las buenas prácticas llevadas a cabo por las propias administraciones.
Entre las conclusiones el estudio destaca que existe un importante margen de mejora de la información ofrecida, especialmente vía web, que, sin embargo, se puede realizar con un bajo coste de inversión, ampliando o incluyendo determinada información sencilla o haciendo más accesible la misma. También observa un déficit en cuanto a explicaciones más claras y divulgativas acerca de las ventajas y los objetivos del Real Decreto 235/2013, relativo a la certificación de la eficiencia energética de los edificios, en un lenguaje accesible para el ciudadano, explicaciones que eviten considerar la certificación energética como un trámite y/o impuesto más.
Como resultado del análisis realizado, las administraciones autonómicas que presentan unos mejores resultados son Navarra, Castilla y León y País Vasco. Navarra es la comunidad autónoma que posee puntuaciones altas en los tres análisis realizados, mientras que las otras dos autonomías, bajan sensiblemente su puntuación en la respuesta escrita. A estas tres comunidades autónomas les siguen Galicia, Cataluña, Islas Baleares, Madrid, Valencia y La Rioja, que han destacado en alguno de los análisis realizados, pero que poseen puntuaciones globales similares, entre el 35% y el 45% (porcentaje de la información cubierto por la comunidad autónoma). Por el contrario, en las últimas posiciones se encuentran Aragón, Murcia, Canarias y Cantabria.
La ACA considera importante incidir en la importancia de informar con precisión y claridad sobre el objeto de la normativa, las ventajas sociales y ambientales y el por qué se ha generado. Así mismo se considera que los registros de los certificados energéticos son instrumentos fundamentales para que los ciudadanos tomen sus decisiones de compra-venta o arrendamiento, por lo que es necesario que las autoridades autonómicas coordinen acciones conjuntas para armonizar los datos, obviamente, respetando la independencia autonómica de cada administración.
Por otro lado, se considera vital cuidar la información ofrecida por las diferentes vías analizadas, tanto la dispuesta vía web, como la atención telefónica o las respuestas por escrito, ya que no todos los ciudadanos son capaces de utilizar la misma vía para obtener información.
Finalmente, respecto al contenido de sus páginas web, la implementación de mejoras podrá hacerse a partir de las buenas prácticas de otras comunidades autónomas por lo que se considera que se trata de cambios o de incorporaciones, por regla general, sencillas y de bajo coste.
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