El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este lunes la orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria, al que se destinarán unos 20 millones de euros.
La consejera de Fomento del Ejecutivo regional, Marta García de la Calzada, anunció la publicación de esta orden durante su intervención en la Jornada Informativa ‘Rehabilitación Edificatoria’ organizada por el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Albacete.
En ella, anunció que serán objeto de estas ayudas las actuaciones en edificios y viviendas de tipología residencial colectiva y también en las zonas privativas de las viviendas y edificios de una sola vivienda que cumplan los siguientes requisitos: estar finalizados antes de 1981; que al menos el 70% de su superficie construida sobre rasante tenga uso residencial de vivienda; y que al menos el 70% de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios.
Las ayudas pueden cubrir el 50 por ciento del coste de las obras de reforma e incluso llegar hasta el 65 por ciento cuando se trata de mejora de la accesibilidad. Las obras consistirán en arreglar la cimentación, infraestructuras, cambiar los sistemas de calefacción y refrigeración o las instalaciones comunes de gas o fontanería, entre otras con el fin de mejorar la eficiencia energética, teniendo en cuenta la reducción de la factura de la luz que ello conlleva.
La convocatoria de ayudas, tal y como se refleja en la orden de 01/04/2015, producirá efectos desde el día siguiente a su publicación hasta el 1 de octubre de 2016 o bien, hasta agotar el crédito asignado a la convocatoria para cada una de las líneas de ayudas. Las actuaciones subvencionables se podrán ejecutar entre el 21 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.
La consejera ha subrayado la importancia de impulsar la rehabilitación, debido al envejecimiento que sufre el parque inmobiliario de la región, debido a que más de la mitad de las viviendas y edificios de Castilla- La Mancha tienen más de 35 años y no cumplen con las condiciones de calidad ni de eficiencia energética que hoy demanda la sociedad y que se imponen a través de normas nacionales y comunitarias.