Casi un centenar de personas procedentes de sectores de la construcción, medio ambiente y administración se dieron cita el pasado 27 de octubre en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para conocer las conclusiones del ‘Estudio de las medidas fiscales asociadas a la rehabilitación energética’ organizado por La Fundación La Casa que Ahorra.
El objetivo de este trabajo realizado por CENER y Pricewaterhouse Cooper (PwC), ha sido, en palabras del presidente de la Fundación La Casa que Ahorra, Pedro Luis Fernández Cano, la elaboración de un estudio de propuestas fiscales (IVA, IRPF, ITP e IBI) a plantear al Gobierno para la promoción de la edificación energéticamente eficiente, tanto en obra nueva, como en edificios existentes a través de la rehabilitación.
Alberto Monreal y Jordi Esteve, socio y director de PwC, repectivamente; afirman que la aplicación de las medidas propuestas podrían aumentar en un año el PIB en 1.606,23 millones de euros; un ahorro energético de 71,58 millones de euros; una reducción de las emisiones de 350.227 millones de toneladas y una dependencia exterior de energía que se reduciría en 27.494 Tep, lo cual se aplicaría a un total de 108.448 viviendas.
Estas medidas, explicaron los ponentes de PwC, tienden a incentivar tanto la adquisición de viviendas eficientes energéticamente, como su renovación y reparación; reducir la dependencia energética, disminuir el impacto ambiental y aumentar el ahorro para las familias; y potenciar, de manera eficaz, la lucha contra el fraude fiscal en este sector.
En el encuentro intervino también Florencio Manteca, director del departamento de Energética Edificatoria del CENER y María Fernández Boneta, miembro también de ese departamento, quienes destacaron que la inversión necesaria es un 150%-250% superior en el caso de una vivienda unifamiliar respecto a una vivienda en bloque. En concreto, en el caso de alcanzar una ‘B’ a partir del caso base ‘E’, el conjunto de medidas específicas aplicadas a cada caso han resultado un 39,326 millones de euros para la vivienda unifamiliar frente a 12,399 millones de euros de media para la vivienda colectiva.
Otra de las conclusiones expuestas es que el escalado de costes no es lineal, sino que la pendiente aumenta a la hora de optar a mejores calificaciones (desde la C hasta la A), teniendo que realizar una mayor esfuerzo económico al tener que implementar una mayor número de medidas de mayor coste, incluyendo instalaciones de alta eficiencia. También hay que sumar las diferencias lógicas entre las distintas zonas climáticas, que inducen en la implantación de unos paquetes de medidas más o menos exigentes.