Para ello plantean un esfuerzo inversor sostenido para renovar el patrimonio de infraestructuras y equipamientos así como invertir en obra nueva por la obligación de terminar de dotarnos de las instalaciones de depuración de aguas residuales imprescindibles para proteger y mejorar las condiciones ambientales de dominio público acuático.
Además, considera preciso avanzar en la recuperación de costes en los servicios de agua urbana apoyándose en mecanismos tarifarios donde la progresividad del precio respecto al consumo asegure una mejor distribución de los esfuerzos ciudadanos.
Igualmente apunta que es necesario el establecimiento de un ‘Regulador’ general cuyo objetivo sea el de armonizar los niveles de prestación de los servicios, las estructuras tarifarias y la transparencia, la involucración y participación de la ciudadanía, buscando siempre la eficiencia en el desempeño de estos servicios públicos. Con él se podrán comparar indicadores y grados de cumplimientos de hitos y metas para favorecer la competencia y optimizar su desempeño. Todo ello sin olvidar el impulso a la tecnología y la innovación.