La 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles celebrada en Bilbao la semana pasada, fue el marco en el que las autoridades asistentes de toda Europa dieron su apoyo a la Declaración Vasca, un texto que hace hincapié en la necesidad y el deseo de los líderes locales de dar un paso más y de buscar maneras innovadoras de implicar a la sociedad civil con el objetivo de superar los retos económicos, medioambientales y sociales.
El País Vasco representa claramente un ejemplo de transformación sostenible, con proyectos de regeneración urbana y gestión ambiental internacionalmente reconocidos. Estamos deseosos de cooperar sobre la base de la Declaración Vasca, declaró Markku Markkula, Presidente del Comité Europeo de las Regiones, que consideró que la Declaración provee a las sociedades urbanas del camino a seguir para llegar a ser productivas, sostenibles y resilientes.
Markkula tuvo un encuentro con el presidente del Gobierno vasco, Íñigo Urkullu, que presentó el Programa Marco Ambiental 2020, recientemente adoptado por el País Vasco con el objetivo de transformar el modelo basado en la industria hacia una economía basada en la innovación orientada al servicio.
En su discurso, durante la sesión de apertura de la Conferencia, el presidente Markkula también invitó a todos los delegados al fórum que se celebrará en Amsterdam el 30 de mayo, en que lanzarán oficialmente la iniciativa Agenda Urbana de la UE. La iniciativa propone un nuevo modelo de economía y desarrollo social basado en el conocimiento y las nuevas tecnologías.
Makkula invitó al País Vasco a unirse a un grupo de regiones y ciudades pioneras en sostenibilidad e innovación y puso como ejemplo la transformación de Bilbao, un proyecto internacionalmente reconocido como una de las mejores prácticas en desarrollo urbano.
Ambos mandatarios estuvieron de acuerdo en la necesidad de defender el papel de las ciudades y regiones para alcanzar los objetivos del acuerdo de París frente al Cambio Climático y facilitar el acceso a financiación de hasta el 70% para que las autoridades locales y regionales implementen la legislación ambiental.