La Administración Pública podría ahorrar 560 millones de euros en costes sanitarios y laborales si se rehabilitan 1,5 millones de viviendas en España. Esta es la conclusión extraída tras la presentación de cuatro estudios que analizan el impacto económico, sanitario y medioambiental que tendría una mejora de las condiciones térmicas de los hogares a través de una rehabilitación energética.
Según estos estudios presentados por Fundación La Casa que Ahorra, el 50% de las viviendas en España están construidas sin ningún tipo de criterio de eficiencia energética, y el 30% en un periodo comprendido entre la década de los 60 y los 80. Ante estos datos, CENER ha desarrollado un estudio en el que explica que sólo seremos capaces de cumplir con los objetivos medioambientales establecidos para 2050 si se fija un ritmo de rehabilitación más ambicioso, concretamente multiplicando por 12 el actual. Es decir, habría que rehabilitar unas 300.000 viviendas al año con criterios de eficiencia energética para poder cumplir con los objetivos ambientales fijados por la Unión Europea a largo plazo.
Sin llegar al millón de viviendas rehabilitadas en 2030 y apenas dos millones en 2050, con una gran parte de ellas sin criterios de eficiencia energética, renovándose únicamente por motivos estéticos o funcionales, es muy difícil cumplir con los objetivos ambientales extrapolados al sector residencial
, apuntaba María Fernández Boneta, Research Project Manager en CENER, durante la presentación del estudio.
Además, para conseguir cumplir con los objetivos, Fenández Boneta asegura que habría que equiparar la vivienda rehabilitada a un Edificio de Consumo de Energía Casi Nula y aplicar los mecanismos necesarios para que todos los sectores implicados en el consumo energético y fuente de generación de emisiones de CO2, contribuyan a alcanzar los objetivos medioambientales.
Para ello hay que concienciar a la ciudadanía, y no hay mejor manera para ello que relacionar rehabilitación con economía e inversión. Este es el objetivo del estudio ‘Costes de oportunidad en el mercado de rehabilitación de fachadas’ desarrollado por el ITEC en el que se propone la rehabilitación como otra manera de invertir en la jubilación.
Licinio Alfaro, responsable del Departamento de Construcción Sostenible en ITeC, comparó las rentabilidades entre invertir en una rehabilitación de fachada con criterios de eficiencia energética ambiciosa, o hacer una aportación a un Plan de Pensiones por parte de una persona de 50 años. El resultado fue que una inversión en la mejora de las prestaciones térmicas de la fachada se convierte en un plan de pensiones vitalicio.
En cuanto al estudio ‘Costes de oportunidad en el mercado de la rehabilitación de fachadas’, se expuso la realidad actual de pérdida de oportunidad cuando se instala un andamio y no se actúa sobre las prestaciones térmicas de la fachada. Este documento refleja que si en los últimos cinco años un 85% de las viviendas hubiesen actuado sobre su fachada, y no sólo el 15%, el ahorro que ello hubiese significado en energía suficiente para calentar todas las viviendas de España durante un mes. Lo que se traduciría en 700 millones de euros.
Además, hay que tener en cuenta que el sobrecoste de instalar el adecuado aislamiento solo incrementa en un 30% el coste de la actuación global, frente a una reducción en la factura energética asociada a calefacción de casi 7 veces superior a la reducción media actual.
Con el escenario objetivo dibujado por ITeC de aquí a 2030 se podría alcanzar una ahorro económico de 7.548 millones de euros, equivalentes al PIB de ciudades como Albacete o Salamanca, y al presupuesto de Madrid de casi dos años.
Abordar los efectos que la rehabilitación tiene en la salud fue el cuarto y último estudio presentado en este acto organizado por la Fundación La Casa que Ahorra. En ‘Estimación del efecto de la rehabilitación energética en la salud de las personas. Visión Económica’, Jaume Salom, director de Energía Térmica y Edificación en IREC, explicó cómo diferentes problemas o patologías de las viviendas pueden tener una influencia sobre la salud, llegando incluso a aumentar la mortalidad. Algunas de estas problemáticas están relacionadas con temperaturas frías en invierno, altas temperaturas en verano, problemas de humedades y hongos, bajos niveles de calidad del aire y altos niveles de ruido.
Sin embargo, el estudio ha ido más allá y ha puesto sobre la mesa el coste sanitario y laboral (p.e. bajas) que implica para la Administración la escasa calidad de vivienda en algunos tramos de la población. La conclusión da para reflexionar: si el Estado subvencionase en un 50% las obras de rehabilitación energética del 1,5 millones de viviendas que gastan más del 10% de sus ingresos en energía (pobreza energética), ese dinero retornaría a las arcas estatales en 16 años.
Según este estudio el Estado ahorraría unos 150 euros por vivienda en visitas hospitalarias y medicamentos, y unos 220 euros en bajas laborales. Ahorros a los que habría que añadir el que tendría el usuario final a nivel energético, que puede oscilar entre los 380 y 547 euros por vivienda en función de la rehabilitación acometida.
Así, extrapolando estos datos a nivel nacional partiendo de las 1, 5 millones de viviendas estudiadas, el Estado ahorraría 560 millones de euros en servicios sanitarios y costes laborales, mientras que el usuario final ahorraría entre 580 y 820 euros.
Finalizadas las ponencias, Albert Grau, gerente de la Fundación La Casa que Ahorra, presentó una visión transversal e integradora de los estudios. De las conclusiones de ellos, conjuntamente con las de otros promovidos por la Fundación en los últimos años, se concluyó la necesidad de implementar a la mayor brevedad posible una serie de medidas y que ponen el foco en aspectos fiscales, regulatorios de la calidad edificatoria, sociales y educativos.