La Comisión Europea ha presentado el borrador del denominado ‘paquete de invierno’ en el que detalla las medidas legislativas en materia de política energética. Con ellas plantea mejorar la eficiencia energética a partir de 2017 mediante, entre otras cuestiones, una iniciativa para acelerar la renovación de los edificios.
Bajo el lema ‘Energía limpia para todos los europeos’, Bruselas incrementa hasta el 30% el objetivo vinculante de eficiencia energética de la Unión Europea para 2030 a fin de demostrar que la transición hacia la energía limpia es el sector del crecimiento del futuro.
Según los cálculos del Ejecutivo comunitario, este paquete de medidas puede generar un aumento de hasta un 1% del PIB durante la próxima década y crear 900.000 empleos nuevos, reduciendo de ese modo la dependencia de las importaciones e impulsando las economías locales.
Entre los cambios legislativos presentados por Bruselas para lograr este crecimiento se encuentra la incentivación de las inversiones en la renovación de edificios. Se trata de un sector que representa el 40% del consumo energético de Europa, a lo que hay que sumar que dos de cada tres fueron construidos con anterioridad a la creación de los estándares actuales de eficiencia energética y que por tanto, no cuentan con medidas de ahorro energético.
Para incentivar esta inversión, desde la Comisión Europea se ofrece la posibilidad de que los Estados miembros formen plataformas nacionales de inversión donde destinar sus fondos europeos para diseñar productos financieros dedicados a la rehabilitación de viviendas y edificios no residenciales.
Por otro lado, bajo la premisa de conseguir esa reducción de las emisiones en los edificios, el Ejecutivo comunitario propone, dentro de la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, obligar a las grandes superficies comerciales a establecer un punto de recarga para coches eléctricos con el objetivo de contribuir a la descarbonización del sistema.
También se plantea extender la obligación de ahorro a partir de 2020, de forma que los proveedores y los distribuidores estén obligados a ahorrar el 1,5% de energía cada año desde 2021 hasta 2030.
En la misma línea, la Comisión Europea clarifica la naturaleza de este tipo de inversiones en la contabilización del déficit de las administraciones públicas bajo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No se trata de cambiar las normas sino de aclarar que «no son meramente un gasto a corto plazo» y garantizan un retorno, con el objetivo de impulsarlas.
En el caso de España, el ministro español de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha pedido a la Comisión Europea una reforma de las reglas de contabilidad de eficiencia energética relativas a edificios públicos, ya que considera que si nos dejasen una regla mucho más libre de la que hay ahora barajamos el orden de 200.000 empleos de forma directa en lo que es renovación de todo el parque o de buena parte de él
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Nadal pide por tanto, al igual que otros países de la Unión Europea, la modificación del concepto de gasto en rehabilitación energética de edificios públicos y convertirlo en un valor económico, es decir, que se considere un ahorro económico. De este modo ya no se incrementaría el déficit público por esta cuestión y se estimularía el sector de la construcción.
Se trata de una cuestión que se resolverá en los próximos meses, ya que en febrero o marzo, el Parlamento Europeo tendrá que aprobar este paquete de invierno cuya intención es atraer la inversión privada y apoyar el surgimiento de nuevos actores en el mercado.
Asimismo para permitir políticas a medida que tengan en cuenta las especificidades de cada país, los Estados miembros podrán garantizar el cumplimiento de esta exigencia a través de medidas alternativas que tengan el mismo efecto.
Sistema de Gobernanza Europeo
Dentro del ‘paquete de invierno’, la Comisión Europea ha propuesto poner en marcha un sistema de gobernanza europeo para asegurar que se alcanzan los objetivos de la unión energética, en especial los referidos a clima y energía.
Según este sistema, Bruselas evaluará los planes nacionales de energía y clima que las capitales deben elaborar y tendrá la capacidad de tomar las acciones necesarias si detecta «brechas» tanto en el nivel de ambición de las políticas como en la implementación de las mismas».