Los directores de las tres fábricas de cemento de Castilla y León ubicadas en Hontoria, La Robla y Toral de los Vados, así como los dos secretarios generales de CCOO Construcción y Servicios y UGT-FICA, en Castilla y León, han defendido en una reunión realizada en Valladolid, el aprovechamiento de combustible derivado de residuos como una práctica segura, fiable y positiva para el medioambiente, que lleva décadas realizándose en toda Europa.
En dicha reunión se comentaron distintos aspectos ligados al uso de combustibles derivados de residuos en las fábricas de cemento de Castilla y León, y especialmente las últimas sentencias publicadas tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), como por el Tribunal Supremo, donde se avala el empleo de residuos como combustible en las fábricas de Hontoria (Cementos Portland Valderrivas) y La Robla (Cementos Tudela Veguín).
El TSJCyL ha desestimado el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción de Castilla y León contra la solicitud presentada por la empresa Cementos Tudela Veguín, S.A., para el empleo de combustibles derivados de residuos en su fábrica de La Robla (León). Aunque dicha sentencia se produjo el pasado mes de julio, no se ha hecho firme hasta ahora, al quedar desierto el recurso de casación presentado por la organización ecologista ante el Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo en la línea de la Comisión Europea
Por otra parte, el Tribunal Supremo ha desestimado también el recurso de casación interpuesto por Ecologistas en Acción, en relación a la Orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, por la que se concedió autorización a la fábrica de Hontoria para llevar a cabo en sus instalaciones la valorización de residuos no peligrosos. Esta sentencia confirma la que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en octubre de 2015 en la que ya se desestimaba el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción de Castilla y León.
La autorización de residuos como combustible, que ha avalado recientemente tanto el TSJCyL como el Tribunal Supremo, está en línea con lo establecido por la Comisión Europea en su “Plan de acción de la UE para la economía circular”, publicado en diciembre de 2015.