El Plan contra la Pobreza Energética e Hídrica del municipio ha recibido el visto bueno de la Red de Inclusión Social del Ayuntamiento, de la que forman parte las entidades implicadas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Ahora, el documento deberá ser aprobado por el Pleno de la Corporación.
Entre estas medidas se encuentra el establecimiento de un registro de consumidores vulnerables y consumidores vulnerables severos, complementado con la puesta en marcha de un sistema ágil de comunicación con las empresas suministradoras para acreditar las situaciones de exclusión social y poder valorar la necesidad de paralizar la suspensión del suministro, según la situación particular de las familias atendidas.
Además, se priorizará las ayudas cuando haya afectados menores, dependientes, personas con discapacidad o enfermos crónicos que requieran de suministro de energía para su atención sanitaria y se establecerán convenios de colaboración con empresas suministradoras para paralizar los cortes a clientes vulnerables.
También se contempla promover un sistema de ayudas para pequeñas adaptaciones domésticas vinculadas al ahorro energético: grifos con menos caudal, bombillas led, eliminación de bañeras, aislamientos en ventanas, etc., y dotar de un kit de ahorro de energía.
Financiación de reformas integrales
El documento prevé la creación de un fondo destinado a financiar reformas integrales de viviendas de familias sin recursos que no puedan acceder a las convocatorias ordinarias de subvenciones por no poder aportar la parte correspondiente a la financiación que se les exige. Además de actuar en las viviendas municipales, se elaborará un programa para la instalación de captadores de energía solar para la producción de agua caliente sanitaria.
En el bloque correspondiente a las medidas preventivas, que incluye 26 propuestas, se reúnen acciones para obtener un conocimiento detallado y actualizado de los hogares con pobreza energética, organizar campañas informativas sobre consumo eficiente, constituir un espacio técnico de coordinación de las actuaciones en materia de pobreza energética y crear un censo de viviendas con deficiencias energéticas.
Por lo que se refiere a las empresas suministradoras, uno de los principales objetivos es promover la responsabilidad social corporativa y su traducción efectiva en el apoyo a las medidas de lucha contra la pobreza energética, junto con la creación de un fondo social anual destinado a financiar medidas previstas en el plan, a la condonación directa de deudas tras la acreditación de los servicios sociales o al establecimiento de sistemas de tarifación asumibles para los consumidores.