La Comisión Europea ha aprobado la modificación del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020 propuesta por el Gobierno de Castilla-La Mancha, lo que supone la asignación de una cantidad adicional de 77 millones de euros a la región, una nueva financiación que permitirá alcanzar los 747 millones de euros y que se destinará, entre otros objetivos, a la implantación de la Inversión Territorial Integrada (ITI), al fomento de estrategias de reducción de carbono y al apoyo a pymes para crecer en mercados regionales, nacionales e internacionales.
La modificación del Programa Operativo regional FEDER 2014-2020, que la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas defendió en el Comité de Seguimiento de este programa, además de suponer un incremento del 11,6 por ciento del total del programa, divide estos fondos adicionales entre los diferentes objetivos temáticos a los que se destinarán las inversiones.
Así, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido asignar la mayor parte de estos fondos, 35 millones de euros en concreto, a educación; que corresponde al objetivo temático 10. Por su parte, la estrategia regional digital, objetivo temático 2, recibirá 10 millones.
Para zonas escasamente pobladas, a través de la ITI, se destinarán un total de 14,3 millones; divididos en 9,8 para medio ambiente, objetivo temático 6, y 4,5 para ayudas a pymes, objetivo temático 3.
El resto de estos fondos adicionales se dirigen al objetivo temático 4 y se reparten entre 13,7 millones para el fomento de la movilidad urbana sostenible y 4,7 para la eficiencia energética en empresas.
La causa principal de la modificación del Programa Operativo es la implantación de la ITI en Castilla-La Mancha, que se presenta como una potente herramienta para fomentar nuevas actuaciones en zonas especialmente deprimidas como consecuencia de problemas de despoblamiento y/o declive socioeconómico. En consecuencia, se integran nuevos objetivos en cada eje que priorizan las zonas ITI.
Esto obedece a que se considera necesario abordar el problema de desequilibrio creciente entre las distintas zonas de la región, especialmente el motivado por el despoblamiento y el desempleo. Con esta meta, se coordinan los fondos estructurales que la Comisión Europea aplica a Castilla-La Mancha, los recursos propios de la Junta de Comunidades y los de todas aquellas administraciones que quieran adherirse al programa.
Año 2017
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el año pasado la definición de las áreas geográficas con necesidades específicas de desarrollo, así como el inicio de los trámites para la implementación de inversiones territoriales integradas en Castilla-La Mancha.
Las zonas ITI que se han identificado son la comarca de Talavera y de la Campana de Oropesa, en la provincia de Toledo; la comarca de Almadén y de Campo de Montiel, en la provincia de Ciudad Real; la comarca de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel y la Sierra de Segura, en la provincia de Albacete; la provincia de Cuenca, con actuación preferente en núcleos de población de menos de 2.000 habitantes, y la provincia de Guadalajara, salvo el área de influencia del Corredor de Henares.
En estas zonas existe un elevado índice de ruralidad, con problemas graves de despoblamiento, debilidad de las actividades económicas, desempleo crónico o falta de oportunidades laborales.
Uno de los cambios que también se han aprobado con la reprogramación que ha elaborado la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas del Programa Operativo regional FEDER 2014-2020 supone la creación de una nueva prioridad de inversión, que tendrá como objetivo el fomento de estrategias de reducción de carbono en todo el territorio, especialmente en zonas urbanas.
Otras de las prioridades de inversión será el apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales y para implicarse en procesos de innovación y el fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en las empresas.
Además, se apoyará la eficiencia energética, la gestión inteligente de la energía y el uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, y en las viviendas, así como las inversiones en el sector de los residuos para satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Unión Europea.