El Gobierno de Canarias redujo en 3.646 toneladas de dióxido de carbono (CO2) la contaminación que genera el consumo energético de ocho edificios administrativos de la Comunidad Autónoma. Este es uno de los resultados anuales que se lograron alcanzar en 2017 con los contratos de colaboración público- privada firmados por la Comunidad Autónoma para mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones administrativos.
En total, los ocho edificios de la Comunidad Autónoma adscritos a este contrato redujeron el año pasado en 4.698.742 kilovatios-hora el consumo energético con respecto al año de referencia del contrato (año 2005), lo que equivale a que dejaron de consumir el equivalente al consumo anual de 1.348 familias.
En ambas provincias se superó el ahorro de consumo energético garantizado en los contratos, de manera que en los edificios administrativos de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria se alcanzó un ahorro del 47% del consumo de energía y en los de Santa Cruz de Tenerife se llegó al 34% de ahorro.
Esta reducción ha supuesto un ahorro equivalente de 939.748 euros.
Estas cifras representan una mejora en relación con 2016, primer año en el que entró en vigor el contrato y donde el ahorro energético obtenido alcanzó se redujo 3.947.730,34 kilovatios-hora.
Pedro Ortega recordó que se trata de dos contratos firmados con empresas del sector privado a las que se otorga el mantenimiento y la gestión de los sistemas energéticos de ocho edificios públicos por un periodo de 15 años a cambio de que realicen diversas inversiones de mejora que permitan alcanzar un ahorro energético mínimo del 21% en ese tiempo.
“A través de esta fórmula novedosa, en el Gobierno de Canarias conseguimos realizar inversiones en eficiencia energética sin desembolsar directamente fondos propios”, explicó el consejero que recordó que la ejecución de las mejoras se financia con un porcentaje del ahorro obtenido en su factura anual energética durante el periodo que esté en vigor el contrato.
Modelo energético más sostenible
El desarrollo de esta iniciativa se enmarca en el conjunto de acciones que la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento está desarrollando para potenciar la eficiencia energética y avanzar hacia un modelo energético más sostenible y menos dependiente del exterior.
En el caso de Santa Cruz de Tenerife, la empresa adjudicataria es responsable del mantenimiento, gestión y mejora de las instalaciones energéticas de los edificios Múltiples I, Múltiples II, edificio PRODAMER y edificio de Presidencia del Gobierno, donde garantiza un ahorro energético del 21,7% por ciento. En este ejercicio 2017 el ahorro ha llegado al 34%.
Por lo que respecta a Las Palmas Gran Canaria, el contrato implica la gestión y mejora energética de cuatro edificios (los edificios Usos Múltiples I, II y III y la sede de la Consejería de Hacienda) también hasta el 2029 con el objetivo de obtener un ahorro energético global del 32 por ciento. En este ejercicio 2017 el ahorro ha llegado al 47%.
En ambos casos, las empresas adjudicatarias se comprometen a realizar obras de mejora y renovación de las instalaciones consumidoras de energía y a ejecutar inversiones en ahorro energético y energías renovables, entre otras el aire acondicionado, la iluminación, las instalaciones fotovoltaicas, y el sistema de gestión centralizada de consumos.
Tanto las inversiones ejecutadas como el porcentaje de ahorro energético obtenido con ellas varía en función de las características y antigüedad de cada uno de los edificios sujetos a contrato, si bien en todas las instalaciones se ha superado el porcentaje de ahorro comprometido en cada uno de los contratos.