La Generalitat valenciana invertirá 200 millones de euros en la construcción y rehabilitación integral de sedes judiciales, así como en medidas de eficiencia energética y en la mejora de la seguridad y el mantenimiento de los edificios.
Así lo han explicado esta semana el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consejera de Justicia, Administración Pública y Reformas Democráticas, Gabriela Bravo, en la presentación del Plan de Infraestructuras Judiciales para la Comunidad Valenciana.
Este plan, según ha señalado la consejera, pretende impulsar un sistema de justicia «moderno, sostenible, seguro, eficiente y eficaz» mediante el fomento de unas infraestructuras «dignas».
La nueva cara de la justicia
De este plan de inversiones para el periodo 2017-2021, tanto Puig como Bravo han incidido en la partida de 53 millones de euros destinada a la construcción de la Ciudad de Justicia de Alicante.
En concreto, el plan, que lleva por título La nueva cara de la justicia, plantea la construcción de nuevas sedes judiciales en Alicante, Gandia (juzgado y fiscalía), Torrent, La Vila Joiosa, Mislata, Orihuela, Sueca, Alzira, Llíria, Xàtiva, así como la rehabilitación integral de las sedes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, y los juzgados de Benalúa en Alicante, Ontinyent, Nules, Vinaròs y Torrevieja.
Además, con el Plan de Infraestructuras Judiciales para la Comunitat Valenciana se dedicarán más de 13 millones para mejoras en los sistemas de seguridad y el mantenimiento.
En total, como ha explicado Gabriela Bravo, se intervendrá en una de cada cuatro sedes judiciales, y en más del 60% si se tienen en cuenta también las actuaciones en materia de eficiencia energética.