Un total de 48.746.778 toneladas de dióxido de carbono (CO2) se emitieron a la atmósfera en Andalucía durante 2016, lo que supone un 6,1 % menos que el año anterior, según el informe elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía sobre gases de efecto invernadero.
De esta cifra, 22.427.383 toneladas de CO2 proceden de instalaciones industriales afectadas por la normativa que regula el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) europeo y el resto (26.319.395 toneladas) del sector difuso, en el que se incluyen las emisiones que generan otras actividades industriales, el tratamiento de residuos, la agricultura, la edificación y vivienda o el transporte.
Por sectores
En la emisión de las empresas andaluzas afectadas por el régimen del comercio de derechos de emisión tiene un peso determinante el sector de generación eléctrica, que contabilizó 10.124.319 toneladas (45,14 % de las emisiones RCDE), y en el que se incluyen las centrales de carbón y de gas natural en ciclo combinado. Las oscilaciones de las emisiones de un año a otro por este concepto se deben fundamentalmente al peso de la generación con carbón en ese año concreto.
El resto de las emisiones de gases invernadero corresponde al sector cementero (17,28 %), refino (14,50 %), acerías (1,35 %), amoniaco (3,09 %), producción de productos químicos orgánicos (2,32 % o el de la cal (1,45 %), entre otros.
Respecto a las emisiones difusas de gases de efecto invernadero en Andalucía, la mayoría procede del sector del transporte (13.410.176 toneladas) con el 51 %, seguido del de la agricultura (19,3 %), residuos (10,3 %), residencial, comercial e institucional (7,3 %), gases fluorados (6,7 %), actividades industriales (5,2 %) y otros (0,2 %). El informe completo se puede consultar en la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Medidas frente al cambio climático
Cabe recordar que el Gobierno andaluz ha aprobado el proyecto de Ley de Medidas frente al Cambio Climático, con objetivo de disminuir la emisión de CO2.
Esta futura ley supondrá una nueva regulación de la contaminación por gases de efecto invernadero y se dirigirá a las emisiones difusas, que se encuentran en situación de vacío legal al no estar sujetas al Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión y que suponen aproximadamente un 55% de la contaminación vinculada al cambio climático en la comunidad.