El Grupo de Trabajo por la Rehabilitación (GTR) presentó la pasada semana en Conama su último informe dedicado a las ciudades: ‘Por un cambio en las políticas públicas de fomento de la rehabilitación residencial: Los municipios, pieza clave en un marco de cooperación institucional’. Uno de los mensajes que lanza este estudio es el gran desfase que existe entre los compromisos de rehabilitación asumidos por España para luchar contra el cambio climático y la actividad rehabilitadora que se lleva a cabo en la realidad. Según el documento, cada año se deberían rehabilitar energéticamente 250.000 viviendas y apenas se llega a las 25.000.
El trabajo ha sido redactado por Xavier Casanovas, Albert Cuchí, Jordi Mas Herrero y Juan Rubio del Vall y coordinado por Fundación CONAMA y Green Building Council España (GBCe). El informe es de interés también para aquellos municipios que quieran impulsar la rehabilitación energética de viviendas en el marco de los objetivos de la nueva Agenda Urbana.
El informe propone, entre otros asuntos, que el fomento de la rehabilitación se convierta en una política pública que ponga de acuerdo a las diferentes administraciones. “Tenemos que reconocer que la rehabilitación de edificios en nuestro país sigue siendo una asignatura pendiente. Desde el sector público se ha considerado tradicionalmente que la rehabilitación es una actividad de interés privado, derivada del deber de conservación que la legislación vincula al de propiedad, y por el que se ha velado muy tímidamente desde las administraciones. El resultado está a la vista. El ritmo rehabilitador es muy escaso y de seguir así no podremos cumplir con los compromisos adquiridos con Europa”, son las palabras que manifestó Albert Cuchí, uno de los autores del informe.
Estrategia de rehabilitación energética
Este trabajo propone además una nueva Estrategia de Rehabilitación que se impulse mediante un Plan Estatal de Rehabilitación dotado con recursos procedentes de los Ministerios de Fomento y de Transición Energética, con la participación de las comunidades autónomas y que tenga como objeto principal empoderar a los municipios para que estos, desde la proximidad y el conocimiento de la realidad urbana, impulsen procesos de rehabilitación energética apoyando a las comunidades de propietarios.
Singularmente se propone incidir con más énfasis en los entornos más vulnerables económicamente. De esta manera no solo se evitarán emisiones de CO2, sino que además, se creará empleo en el sector verde y se luchará a su vez contra la pobreza energética y la segregación urbana.
El texto también sugiere que se supere la cultura de la subvención y que se impulsen otros instrumentos de apoyo a las comunidades de propietarios con mayor implicación del sector público en la planificación, gestión y financiación de los procesos rehabilitadores.