El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado esta semana el anteproyecto de la Ley de Economía Circular, una normativa de envergadura con la que reducir residuos tras un amplio proceso participativo. Con esta normativa se asientan las bases para pasar de una economía lineal, consistente en producir, usar y tirar, a una economía circular, abarcando la totalidad del ciclo de vida del producto, desde su producción hasta su consumo, pasando por la gestión de residuos y el mercado de materias primas secundarias.
Se trata de que el residuo se convierta a su vez, en recurso y pueda volver a ser utilizado, produciéndose una reducción del consumo de materias primas y de la generación de residuos, mitigando las externalidades negativas para el medio ambiente, el clima, la diversidad biológica y la salud humana.
Según reflejan los estudios previos desarrollados para la creación de esta normativa, se obtendrían, a nivel empresarial, un incremento del 30 % de beneficios, mientras que desde el punto de vista social, se generarán nuevas oportunidades de empleo y de negocio y en el ámbito medioambiental.
Triple beneficio sostenible
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, informó durante la rueda de prensa de los acuerdos alcanzados en la reunión del Consejo de Gobierno que ha tomado en consideración este anteproyecto que, a partir de este momento, pasará al Consejo Consultivo para su posterior debate y aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha antes de finalizar esta legislatura. Con la Ley de Economía Circular se conseguirá lo que ha calificado de un “triple beneficio sostenible”, abarcando no solo el ambiento ambiental, sino el económico y el social. Además, destacó Martínez Arroyo, se seguirá avanzado en la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
Dentro de esta norma pionera a nivel nacional, según el comunicado del Gobierno de Castilla-La Mancha, se incluye también que en el plazo de un año de su entrada en vigor, la Consejería con competencias en materia tributaria será la encargada de regular el tributo por el que se grave el depósito de residuos industriales peligrosos, residuos industriales no peligrosos y residuos de construcción y demolición en vertedero.
Con esta Ley se crearán nuevas oportunidades empresariales y laborales, basadas en la innovación, el ahorro, la eficiencia energética y el uso de energías renovables y, por ende, la integración y cohesión social, en el marco de los compromisos mundiales de la Unión Europea establecidos en la Agencia de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, ante lo cual desde Castilla-La Mancha se ha conseguido ya sobrepasar los mínimos establecidos en reciclaje, por ejemplo de plásticos, papel y cartón y metales.