El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado recientemente la Ley de Economía Circular de la comunidad, y trabaja ya en la Estrategia que será la que defina las áreas prioritarias y acciones a desarrollar en la región en materia de economía circular.
La primera Ley de Economía Circular del territorio nacional que incorpora los principios que marcarán el porvenir en los próximos años, según manifestó José Luis Escudero en su intervención en el Pleno de las Cortes el día de su aprobación, el pasado 28 de noviembre, «somos pioneros en España en tener una norma con rango de ley que regule la economía circular, pero también porque cumplimos con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus 17 ODS”. Pues la Ley busca satisfacer la demanda de la sociedad facilitando el cambio de modelo productivo, económico y de consumo.
La Ley no sólo abarca los residuos sino también los recursos materiales y energéticos, el agua y el uso del suelo, tanto en el ámbito de la producción, distribución y consumo. Una norma que permitirá una reducción del consumo de materias primas y los impactos asociados a su producción, unido a una reducción de la generación de residuos y, por lo tanto, del impacto para el medio ambiente y que, entre otros, prevé penalizar con tasas por vertido o fianzas para quienes trabajen con residuos peligrosos.
Esta norma transformará la economía regional y para ello se incentivará la implantación de empresas que apuesten por la economía circular y la generación de nuevas actividades basadas en la innovación, el ahorro, la eficiencia energética y el uso de energías renovables, favoreciendo la creación de unos 30.000 puestos de empleo verde.
Estrategia de Economía Circular
Castilla-La Mancha ya trabaja en la elaboración de la Estrategia de Economía Circular, que estará en el plazo de 12 meses, y definirá las áreas prioritarias y acciones a desarrollar en la región. “Creemos firmemente que con la implantación de la Ley y la Estrategia tendremos reducción del consumo de materias primas y reduciremos los impactos asociados a su producción, unido a una reducción de la generación de residuos, y así el impacto para el medio ambiente”, señalaba Escudero.
Por otra parte, también se prevé gravar o penalizar “a los que no se adapten o que lo hagan mal”, a través de la creación de una tasa por vertido, así como una fianza para empresas que trabajen con residuos peligrosos.