El Ayuntamiento de Castellón presentó la pasada semana la estrategia para la transición urbana, una hoja de ruta para impulsar las políticas públicas que estimulen la rehabilitación sostenible en la ciudad.
El concejal de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Castelló, Fernando Navarro, presentó el pasado viernes esta estrategia, destacando que la crisis por el COVID-19 refuerza el papel de la rehabilitación como palanca de la reactivación económica.
El regidor de Transición Ecológica expuso los resultados del trabajo ‘Diseño de la estrategia para la rehabilitación sostenible de casas y la transición ecológica para la ciudad de Castelló de la Plana‘, en una rueda de prensa telemática.
Los resultados de este estudio ponen de manifiesto que la transición ecológica “puede ser un revulsivo en estos momentos”, destacando que esta política es crucial en los planes de reconstrucción y reactivación de la Comisión Europea, Gobierno central y Generalitat Valenciana. “La Comisión Europea presentó en diciembre el Pacto Verde Europeo que establece la descarbonización total de la economía en 2050 y fija ahora la rehabilitación y energías renovables como prioritarias en el plan de reconstrucción de 1,6 billones. El Plan Nacional del Clima estima un impacto económico de 22.000 millones hasta 2030, y la Generalitat presentará la semana que viene la Ley contra el Cambio Climático donde el nuevo modelo energético jugará un papel importante”, indicó el regidor.
Eficiencia energética, accesibilidad y autoconsumo
El trabajo contiene un diagnóstico sobre la situación de la vivienda en la ciudad, el nivel de rentas y un estudio en el cambio de hábitos de consumo, y plantea las medidas administrativas y financieras necesarias para activar la rehabilitación sostenible.
Contempla un modelo de regeneración que integra fondos privados y públicos, adaptado a las necesidades económicas de cada hogar y promueve una reforma integral que incluye mejoras en eficiencia energética y accesibilidad, generación de autoconsumo energético, rehabilitación de envolventes, eliminación de cubiertas de fibrocemento, así como las reformas estéticas de fachadas.
Entre otros datos que subrayan la necesidad de la rehabilitación sostenible, Navarro ha expuesto que un 64 % de edificios de Castellón fueron construidos antes de 1979 y tienen carencias de eficiencia energética y accesibilidad, mientras que hay 7.000 viviendas en situación de pobreza energética.
Fondos de ayudas públicas y privadas
Esta estrategia plantea, para activar la regeneración, cambios normativos con la aprobación de ordenanzas de rehabilitación sostenible y de energía, y bonificaciones fiscales para los inmuebles que realicen actuaciones sostenibles (en el IBI hasta el 90 % y hasta el 95 % en el ICIO).
Asimismo, propone la puesta en marcha de un fondo de ayudas directas públicas que podrían proceder de Europa (fondos EDUSI), del Plan Estatal de Vivienda o del Consell (ARRUs) para ayudar a los hogares vulnerables (un 20 % de la ciudad según el informe), además de convenios con entidades de crédito para que faciliten préstamos a bajo interés a propietarios y comunidades de vecinos.
El informe indica que esta ayuda pública abarcaría uno de cada tres euros de la inversión total y subraya, en base a estimaciones del Instituto Valenciano de la Edificación, que una rehabilitación de 100 edificios tendría un coste de 14,5 millones, de los 8,2 millones procederían de los hogares, 2,7 de ayudas públicas y 3,1 de préstamos públicos. El documento explica que la rehabilitación tendría un importante impacto en la economía y resalta que cada euro público invertido generaría más de 5 en la economía real. Asevera que la rehabilitación de los 90.000 edificios tendría un impacto en la economía de 1.000 millones de euros.