La Región de Murcia ha declarado la situación de emergencia climática y ambiental, poniendo así en marcha un conjunto de medidas para combatir los efectos de la subida de las temperaturas, la escasez hídrica o el aumento de fenómenos meteorológicos extremos.
De esta forma, la Región de Murcia avanza en línea con la Unión Europea, que ya realizó esta declaración el pasado mes de noviembre, y con el Gobierno de España, que hizo lo propio el pasado mes de enero, así como con otras regiones españolas.
El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, explicó que la Región “está sufriendo especialmente las consecuencias del cambio climático, al verse gravemente afectada por el avance de la desertificación, el aumento de las temperaturas, la escasez hídrica y los fenómenos meteorológicos extremos, como las Dana”. El consejero recordó que, en los últimos meses, la Región de Murcia ha tenido que hacer frente a cuatro episodios de lluvias torrenciales, con cuantiosos daños materiales y personales, por lo que el gobierno regional propone impulsar acciones consecuentes con la situación junto con los distintos sectores de la sociedad, recogidas en la Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.
Líneas de la Estrategia
Para ello se definen 15 líneas que se desarrollan en la Estrategia y de las que se concluyen una serie de iniciativas encaminadas a cumplir con el doble objetivo de reducir en un 26% las emisiones de gases de efecto invernadero en el horizonte de 2030 y de adaptar la Región a las nuevas condiciones que impone el cambio climático. La Comunidad de Murcia se adaptará así a las nuevas condiciones que impone el cambio climático de la forma más ecoeficiente y rentable posible, apoyándose en la ecoeficiencia, la economía circular y las soluciones basadas en la naturaleza.
Entre las medidas de aplicación inmediata, Luengo señaló la integración de las consecuencias del cambio climático en los grandes planes y proyectos de la Región, el impulso de medidas concretas para la mitigación y adaptación en el ámbito local, el apoyo a la formación y concienciación sobre el cambio climático en la enseñanza o la integración de medidas en el planeamiento urbanístico para evitar incrementar cada año las emisiones de CO2.
Destaca también la creación del mercado de compensación voluntaria de emisiones, que permita canalizar la responsabilidad social corporativa aplicada al cambio climático a entidades sociales y empresariales.