El Observatorio 2030 del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, CSCAE, ha retomado sus reuniones de trabajo con el encuentro titulado ‘El sector de la construcción: palanca de la recuperación económica’, en el que los participantes han analizado la importancia del sector en el actual escenario derivado del COVID-19, desde cinco perspectivas complementarias: infraestructuras, vivienda, energía y territorio, renovación urbana y políticas públicas.
En el encuentro telemático todos los intervinientes han coincidido en el potencial del sector para generar cientos de miles de puestos de trabajo y en la necesaria colaboración público-privada para garantizar el acceso a la vivienda y transformar los pueblos, ciudades y territorios a partir de una estrategia integral y a largo plazo que alinee objetivos y ofrezca un marco jurídico estable que dé confianza y atraiga la inversión.
Necesidad de renovación urbana
El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas Parrón, ha señalado que desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se está trabajando en diferentes propuestas para que la recuperación económica sea duradera. Ha destacado la necesidad de aumentar el parque público de vivienda, la vivienda protegida y agilizar los planeamientos urbanos para un rápido desarrollo.
También ha señalado que 10 millones de inmuebles necesitan una rehabilitación energética y que, sin embargo, la cifra actual “es muy pequeña”: 31.000 solo el año pasado. Así, ha anunciado que su departamento intensificará la acción pública en coordinación con el sector para implementar y desarrollar la Agenda Urbana Española con el fin de “modificar comportamientos y que mejore la calidad de vida de los ciudadanos”. Asimismo, ha abogado por la agilización de la tramitación de licencias, ayudando a los ayuntamientos para que hagan un mejor uso de las tecnologías disponibles o reduciendo los procesos administrativos.
De acuerdo con la necesidad de rehabilitación energética de esos 10 millones de viviendas, el presidente del CSCAE, Lluís Comerón, ha advertido de que las necesidades de rehabilitación no se limitan únicamente a una adecuación medioambiental, ya que el 50% de los 25,5 millones de inmuebles del parque residencial español tiene problemas de accesibilidad y precisa una adecuación funcional generalizada.
Rehabilitación como motor económico
Con datos de otros países europeos similares, como Portugal, Francia o Italia, donde la tasa de ocupación en rehabilitación, con un 3,9%, dobla prácticamente a la de España, con un 2,2%, Comerón se ha mostrado convencido del potencial de la renovación urbana como motor económico. Solo alcanzando ese porcentaje, se crearían 400.000 empleos y, además, la Administración ahorraría dinero en prestaciones por desempleo. Por eso, reivindicando “acciones de máxima urgencia para que el sector no pare”, ha subrayado que “hay que cambiar el ritmo de rehabilitación del PNIEC, pensado para otro momento y con otras perspectivas”.
Por último, también ha apelado a un marco normativo y a medidas que faciliten la apuesta de los propietarios por la rehabilitación, y por entender la puesta en marcha de un Plan Nacional de Vivienda, un Plan Nacional de Renovación Urbana y la futura Ley de Arquitectura y Calidad del entorno construido como un conjunto integrado para promover la rehabilitación, pero también el resto de desafíos relacionados con la vivienda y las ciudades en nuestro país.
Vivienda, infraestructura, y energía
Durante el encuentro se han abordado otras cuestiones relacionadas con la vivienda, en la que los participantes han puesto sobre la mesa otras propuestas, como medidas para estimular la compraventa y la vivienda en alquiler; modificaciones de la Ley de Propiedad Horizontal para estimular la rehabilitación de viviendas y edificios; o un programa de formación profesional dual más atractivo.
Asimismo, se ha abordado la inversión necesaria en infraestructura y el interés en invertir en la renovación de activos energéticos en España. Las inversiones en proyectos energéticos podrían suponer oportunidades únicas para introducir nuevas tecnologías en España, y propiciar que el país disponga de bienes de equipo fabricados a nivel nacional, útiles en el caso de que se repitan situaciones como la actual crisis sanitaria.