El Gobierno ha presentado, el pasado 7 de octubre, el ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española‘, inspirado en la Agenda del Cambio, en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS). Este plan va a movilizar en los próximos tres años el 50% de los recursos con los que cuenta España gracias al instrumento Next Generation EU.
Este Plan guía la ejecución de cerca de 72.000 millones de euros entre los años 2021 y 2023 y además cumple con precisión las prioridades de los fondos europeos de recuperación: la inversión «verde» representa más del 37% del total del Plan y la digitalización cerca del 33%.
El Plan diseñado para los próximos tres años se estructura en torno a las cuatro transformaciones que el gobierno ha situado desde el principio en el centro de la estrategia de política económica: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.
El Fondo de Recuperación Europeo consta de dos instrumentos a través de los cuales se canalizarán los recursos: por un lado, la Facilidad para la Recuperación y la Resiliencia, que concentra el grueso con 59.000 millones en transferencias, y por otro lado el REACT-EU que permite a nuestro país obtener financiación por un importe de 12.400 millones.
Plan de Recuperación formado por diez políticas tractoras
El Plan se estructura en torno a diez políticas tractoras. La primera es la Agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura. En esta política se concentra el 16% de los recursos y entre sus objetivos figuran la mejora de la habitabilidad de entornos urbanos y dar respuesta a las necesidades del entorno rural, manteniendo la población y fomentando el empleo.
La segunda política, que recibirá el 12% de los recursos, se centra en impulsar las infraestructuras y los ecosistemas resilientes, a través de proyectos como el Plan de Conservación y Restauración de Ecosistemas, o el Plan de Preservación de Infraestructuras Urbanas, Energéticas y de Transporte, entre otros.
La Transición energética justa e inclusiva, a la que se destinará el 9% de los recursos, es la tercera política tractora. Se dedicará el 5% de los recursos a la cuarta política, que promoverá una Administración para el siglo XXI. La modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas queda englobado en la quinta política, a la que se destinarán el 17% de los fondos para apoyar el tejido empresarial y garantizar la competitividad industrial.
La sexta política tractora es el Pacto por la ciencia y la innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, que contará con el 17% de los recursos; mientras que el 18% de los recursos se destinará a la séptima política tractora, correspondiente a la educación y el conocimiento, la formación continua y el desarrollo de capacidades.
La octava política tractora es la Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo, a la que se destinará el 6% de los recursos. La novena política, con el 1,1% de los recursos, es el Desarrollo de la cultura y el deporte; y en décimo lugar, se abordará una Modernización del sistema fiscal incrementando la progresividad y redistribución de los recursos para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible.
Para garantizar la correcta ejecución de los fondos se va a constituir una Comisión Interministerial y se creará una Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación en el gabinete de presidencia del Gobierno. Además se va a instrumentalizar una colaboración específica con las Comunidades Autónomas y se introducirá el Fondo de Recuperación en los debates habituales de las próximas conferencias de presidentes autonómicos. También se facilitará una interlocución continua con las empresas que participan en los proyectos y se pondrán en marcha mecanismos de rendición de cuentas periódicos ante el Parlamento. Y para agilizar la absorción de los fondos se pondrá en marcha una reforma profunda de las normas y leyes de la Administración general de Estado en tres frentes diferentes.
La Agenda urbana y rural, infraestructuras y ecosistemas resilientes
La Agenda urbana y rural, el desarrollo de infraestructuras y ecosistemas resilientes y la transición energética justa e inclusiva son las tres grandes políticas palanca que centrarán las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Mitma).
El Gobierno apuesta por una movilidad sostenible, impulsando la electrificación y la renovación de la flota de vehículos, la rehabilitación energética de edificios y la transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario como acciones fundamentales, objetivos para los que se movilizarán más de 5.000 millones de euros en tres años.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado que se van a rehabilitar más de medio millón de viviendas en los entornos metropolitanos y rurales durante el periodo del plan. Asimismo ha destacado que hay que aprovechar el impulso de la recuperación y los fondos europeos para encarar los retos de la digitalización y la sostenibilidad de la movilidad, la vivienda, la edificación y las infraestructuras de los próximos años y modernizar nuestro tejido productivo.
En materia de Desarrollo de Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes se promoverá un Fondo para la Restauración Ecológica para impulsar la transición verde y proteger la biodiversidad.
Transición energética y economía circular
La transición energética pretende avanzar hacia un sistema 100% renovable, abierto a la ciudadanía, las empresas y las administraciones. Para lograrlo se estimulará la inversión privada en el despliegue de renovables mediante un nuevo sistema de subastas y líneas de apoyo para proyectos innovadores, con una clara apuesta por la eólica offshore flotante. La apuesta por el hidrógeno renovable como un proyecto de país y la Estrategia Nacional de Autoconsumo son algunas de las políticas de este eje.
El Gobierno también ha destacado que los beneficios económicos de la economía circular son claros, generando inversiones con impacto notable en la actividad económica y nuevo empleo. Abordar la lucha contra la despoblación es una de las grandes prioridades y representa el 17% del total del plan. Para revertir la tendencia de décadas hacia la despoblación y el envejecimiento en áreas rurales, «empezaremos en municipios de menos de 5.000 habitantes, movilizando 12.000 millones de euros en tres años en eficiencia de edificación, depuración de agua, conectividad digital y educación conectada». También se impulsará el turismo sostenible, con énfasis especial en la calidad, tanto en entornos rurales y de alta montaña como en destinos turísticos maduros.
El Plan de Recuperación español será presentado la próxima semana en Europa para iniciar la negociación.