Francisco Javier Martín Ramiro, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Francisco Javier Martín Ramiro

La Comisión Europea aprobará próximamente los planes de recuperación presentados por los Estados miembros, entre ellos España. Para los tres próximos años, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España contempla una inversión de 6.820 millones de euros para el Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana. De la gestión de estos fondos europeos, de los principales incentivos a la rehabilitación, de los plazos previstos y del modelo a seguir a largo plazo habla en esta entrevista Francisco Javier Martín Ramiro, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

Francisco Javier Martín Ramiro es el director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

CONSTRUIBLE: El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España contará en su primera fase con una inversión de 6.820 millones de euros para el Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana. ¿Cómo se llevará a cabo la gestión de estos fondos europeos para la rehabilitación energética de edificios?

Francisco Javier Martín: Efectivamente la componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, orientada a la implementación de la Agenda Urbana española, mediante un Plan de rehabilitación y regeneración urbana, es una componente que incluye varios programas gestionados tanto por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), como por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el IDAE.

Concretamente, de los seis programas que conforman esta componente el MITMA, a través de la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda gestionará cuatro: el Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales, dotado con 3.420 millones de euros; el Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP), dotado con 1.080 millones de euros; el Programa de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana Española, dotado con 20 millones de euros; y el Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, dotado con 1.000 millones de euros. De ellos, el primero y el último se gestionarán en el ámbito de la Dirección General de Vivienda y Suelo. La componente se completa con dos programas más, el ya conocido programa de rehabilitación energética de edificios (PREE) con 300 millones de euros, que ha sido ya puesto en marcha por el IDAE, y el Programa de regeneración y reto demográfico, con 1.000 millones, que reserva este presupuesto para localidades de menos de 5.000 habitantes y que gestionará el MITECO.

En cuanto a los dos programas que se desarrollarán dentro de la Dirección General de Vivienda y Suelo, estamos ultimando el Real Decreto mediante el cual se regularán ambos. Una vez aprobado el mismo, será posible trasferir el crédito a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para que éstas saquen las correspondientes convocatorias. Asimismo, para implementar las reformas fiscales previstas en la componente, tendentes a la consecución de un entorno más favorable a la rehabilitación, se está preparando el correspondiente Real Decreto Ley, en el que además estamos intentando identificar algunas cuestiones adicionales, importantes para la aplicación de estos fondos. El reparto de estos fondos entre las diferentes comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla se acordará en el marco de la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, y se prevé la inclusión de un criterio de eficacia que permita distribuir los fondos de forma que se garantice la ejecución de los mismos y la consecución de los objetivos generales establecidos en el Plan.

Evidentemente, una vez aprobados los instrumentos legales y publicadas las correspondientes convocatorias por las administraciones autonómicas, será el momento de que todo el sector se dinamice para activar la demanda, acogiéndose a los diferentes instrumentos que posibilita el plan, y que se caracterizará fundamentalmente por su flexibilidad. Obviamente, también se establecerán los mecanismos de seguimiento control y evaluación para verificar de forma permanente la implantación y resultados del Plan.

CONSTRUIBLE: Ayudas directas, medidas fiscales, desgravación, planes renove, etc. ¿Podría detallar en qué consistirán los principales incentivos a la actividad rehabilitadora?

Francisco Javier Martín: Puesto que uno de los principales retos del plan es el ajustado plazo de ejecución, como ya he mencionado una de las premisas que nos planteamos en su diseño desde el primer momento fue su flexibilidad. El Plan intenta cubrir todas las posibilidades que pueden darse en el ámbito de la rehabilitación, estableciendo objetivos claros en materia de eficiencia energética, pero dejando una amplia libertad en cuanto a las soluciones técnicas y de gestión que pueden desarrollarse para su consecución. La Estrategia para la Rehabilitación Energética del Sector de la Edificación en España (ERESEE), nos ha demostrado que la gestión siempre ha sido una dificultad que ha lastrado la rehabilitación, especialmente en el ámbito residencial, entre otras cuestiones por la práctica inexistencia de un gestor profesional privado que active la demanda proporcionando a las comunidades de propietarios de forma integrada todos los servicios (técnicos, financieros, jurídicos,…) necesarios para desarrollar la rehabilitación. Por ello consideramos fundamental integrar en el proceso la figura del agente rehabilitador, entendido como una figura sin perfil profesional específico, pero especializada en trabajar con los propietarios para generar, en un contexto de confianza, propuestas adecuadas a las diferentes necesidades, capaces por tanto de movilizar la demanda.

Como decía, el programa se articulará a través de una serie de líneas que posibiliten diferentes niveles de intervención, tanto en cuanto a la escala como en la profundidad de la misma.

En lo relativo a la escala de intervención, se promoverán actuaciones en tres niveles: a nivel de barrio, de edificio y de vivienda. Consideramos que es importante dotar de escala a la rehabilitación para poder acometer no solo la renovación edificatoria, sino también la regeneración urbana tan necesaria en nuestras ciudades, en coherencia con la Agenda Urbana Española. Además, la consecución de los objetivos planteados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en la ERESEE a 2030 solo podrá conseguirse si elevamos la escala de la rehabilitación, mediante la definición de lo que denominamos Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada. Pero este objetivo debe necesariamente compatibilizarse con otras escalas de intervención, con intervenciones a nivel de edificio e incluso de vivienda, dentro del planteamiento de rehabilitación por fases que contempla la Directiva europea (UE) 844/2018.

Francisco Javier Martín en la inauguración del VI Congreso Edificios Energía Casi Nula, organizado por Grupo Tecma Red y el MITMA.

En lo relativo a la profundidad de la intervención, y aún cuando el planteamiento de la rehabilitación siempre debe hacerse desde una perspectiva integral que atienda todas las necesidades del edificio, las ayudas se graduarán en función de los resultados energéticos obtenidos con cada actuación concreta. En las intervenciones a nivel de edificio y de barrio, las ayudas se moverán entre el 40% y el 75-80% de la inversión financiable, dependiendo del ahorro de consumo de energía primaria no renovable que se consiga con la actuación.

El ahorro en el consumo de energía deberá situarse, en cualquier caso, siempre por encima del 30%, pero dependiendo de su intensidad el porcentaje de ayuda crecerá. Se plantea establecer tres escalones: entre el 30% y el 45% de ahorro en consumo, entre el 45% y el 60% y por encima de 60%. Este último nivel es lo que en el documento guía para la aplicación de la Directiva 844/2018 se define como “intervención profunda” y es al que debemos aspirar en la medida en que se pueda. Además, fieles a la filosofía ya recogida en los planes estatales de vivienda, con el objetivo de garantizar una adecuada calidad energética de la envolvente térmica del edificio, para que la actuación pueda ser subvencionable se exigirá un determinado nivel de ahorro en demanda en los climas C, D y E. El esquema será muy prestacional, permitiendo cualquier tipo de actuación siempre que se verifiquen los objetivos energéticos definidos, limitando lógicamente el máximo de inversión subvencionable en función, asimismo, del ahorro conseguido. Esto nos lleva a que las aportaciones del propietario de la vivienda decrecerán en la medida que sea más ambicioso, potenciando las intervenciones más profundas. El objetivo es que el nivel de profundidad de la intervención venga determinado por cuestiones técnicas y no económicas, y que se alcance en todos los casos el nivel óptimo de intervención.

Complementariamente, además de financiar actuaciones a nivel de edificio se financiarán actuaciones a nivel de vivienda, posibilitando así, de un lado, que en aquellos casos donde todavía no se hayan alcanzado acuerdos en la comunidad, los propietarios puedan acometer actuaciones para mejorar la eficiencia energética de sus vivienda, y de otro que se realicen aquellas actuaciones que mejoran la eficiencia energética del edificio, pero que se relacionan con elementos que podíamos considerar privativos de cada vivienda. Se plantea, por tanto, un programa de ayudas clásico de renovación de determinados elementos constructivos de la vivienda, como por ejemplo ventanas, trasdosados interiores, etc., que se modifiquen o sustituyan alcanzando los niveles de transmitancia máxima y de permeabilidad al aire establecidos en la sección HE-1, del DB HE del Código Técnico de la Edificación. Pero también, en aras a esa mayor flexibilidad que buscamos en los programas, se considerará subvencionable cualquier intervención que reduzca la demanda conjunta de calefacción y refrigeración en más de un 7% o el consumo de energía primaria no renovable en más de un 30%. Las ayudas en todos estos casos se situarán inicialmente en torno al 40% de la inversión subvencionable.

Por último, conviene destacar dentro del Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales, una línea de actuación que busca crear un entorno más favorable a la rehabilitación. Concretamente, se prevé la implantación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de desgravaciones sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación en las que se consigan determinados objetivos energéticos, lógicamente verificables a través de la certificación energética. También estas desgravaciones, igual que en el caso de las ayudas directas, se plantean a nivel de vivienda y de edificio, graduándose su cuantía en función de la escala de intervención, inicialmente, entre el 20 y el 60%. Estas desgravaciones podrán ser complementarias a las ayudas directas recibidas del Plan.

CONSTRUIBLE: En cuanto a la creación de oficinas de rehabilitación, ¿en qué consistirán y quién las va a crear? En la gestión de los fondos de recuperación, ¿cuál será el papel que desempeñarán las Comunidades Autónomas?

Francisco Javier Martín: No se trata en absoluto de algo nuevo, pero las oficinas de rehabilitación tienen que jugar un papel fundamental en la implementación del Plan. Se promueven con el objetivo de coordinar, informar y facilitar la gestión de las ayudas y la prestación de servicios que contribuyan a facilitar la implementación y la gestión integral de los proyectos de rehabilitación energética en el ámbito residencial al servicio de los ciudadanos, comunidades de propietarios, empresas y agentes rehabilitadores en general. La importancia de esta iniciativa ya fue puesta de manifiesto en la ERESEE y ha quedado patente en las diferentes iniciativas llevadas a cabo por comunidades autónomas y ayuntamientos, como las desarrolladas en Navarra, Galicia, Comunitat Valenciana, Extremadura o País Vasco, por citar algunas.

El director general de Vivienda y Suelo destaca que el Plan de Recuperación supone una oportunidad para conseguir la implementación de la ERESEE.

Se prevén oficinas de rehabilitación vinculadas a los Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) que se desarrollarán en el programa de rehabilitación a nivel de barrio para facilitar la gestión y desarrollo de los mismos. Pero también, con carácter más general, podrán implementarse estas oficinas como elementos de apoyo al resto de programas en un ámbito territorial menos definido, o incluso virtual. En principio, las ayudas para su creación están abiertas a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, las administraciones públicas, los organismos públicos y demás entidades de derecho público, así como las empresas públicas, público-privadas y sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por las administraciones públicas, y se aprobarán en el marco del acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento con cada Comunidad Autónoma, por supuesto tratando de adaptarse y dando impulso a las iniciativas de éxito que, como mencionaba, ya vienen funcionando en algunas comunidades autónomas.

En la gestión de los fondos, las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla jugarán un papel fundamental ya que será a través de ellas como se implementen los diferentes programas, bien a través de convocatorias públicas o mediante acuerdos en las Comisión Bilaterales que se crean al efecto. Pero también es esencial la participación proactiva de los ayuntamientos, verdaderos impulsores no sólo de los ámbitos de barrio en los que su papel es protagonista y ejecutor, sino también como agente fundamental para la aplicación final de las ayudas, ya que deberán agilizar sus procedimientos de concesión de licencias, o viabilizar actuaciones que precisen modificaciones en el planeamiento urbanístico. No debemos olvidar que estos fondos deben servir como detonador de modelos de actuación en las ciudades que se desarrollarán más allá del período de aplicación de los fondos de recuperación, por lo que en este sentido la dinámica que se consiga será tan importante como la ejecución de los mismos.

CONSTRUIBLE: Muchas de las medidas estarán dirigidas a las comunidades de propietarios, como la subvención al 100% de un documento técnico previo que permita visualizar el potencial de mejora del edificio, o la creación de la figura del denominado agente rehabilitador o gestor que se encargue de toda la documentación técnica y la financiación. ¿Qué tiene que incluir este documento técnico previo y cómo se llevaría a cabo? ¿Cuáles serían las funciones del agente rehabilitador?

Francisco Javier Martín: Como ya he mencionado, uno de los problemas fundamentales para la dinamización de la rehabilitación es sin duda alguna la gestión y por ello creemos que es necesario, en línea con lo establecido en la ERESEE, desarrollar medidas que puedan contribuir a la activación de la demanda, facilitando la toma de decisiones y la financiación en las comunidades de propietarios, así como la búsqueda de sinergias entre la rehabilitación energética y las obras obligatorias de conservación, las de accesibilidad, etc.

En esta línea de acción cabe destacar dos elementos importantes dentro del Plan. Por un lado, el desarrollo del denominado Libro del edificio existente para la rehabilitación que, de forma coordinada con la Inspección Técnica de Edificios, el Informe de Evaluación del Edificio y el Certificado de Eficiencia Energética, aporte a los propietarios información adecuada que les oriente en el necesario proceso de renovación de sus edificios. El Libro del edificio existente pone el acento en las posibilidades de mejora del edificio, que deben ser evaluadas por el técnico, quien además deberá desarrollar un plan de actuaciones para la renovación del edificio que permita alcanzar su óptimo nivel de mejora, mediante una intervención, en su caso, por fases priorizada y valorada económicamente.

En buena medida, esta iniciativa recoge la idea del “pasaporte energético”, incluido en la Directiva (EU) 844/2018, pero lo dota de una mayor generalidad, ya que consideramos que con independencia de cuál sea el motivo detonante de la rehabilitación, ésta debe realizarse con una visión integral, que englobe los diferentes requisitos básicos contemplados en la Ley de Ordenación de la Edificación, y de ahí la necesidad de desarrollar el plan de actuaciones (a partir de diagnosis completa del edificio), valorando las posibles sinergias y sobre todo eliminando posibles contradicciones. El recorrido de esta iniciativa va más allá de la duración temporal del plan y pretende ser un elemento fundamental para activar la demanda de una rehabilitación energética significativa y de alta calidad en los edificios, que permita cumplir los objetivos europeos e impulse la actividad de este sector de actividad en el medio y largo plazo, proporcionando además a las administraciones información útil para la planificación de futuras políticas y ayudas a la rehabilitación.

Por otro lado, en la misma línea, consideramos necesario para activar la demanda la existencia de agentes que permitan alinear los intereses de los propietarios con las posibilidades que ofrece este Plan, que exploren diferentes fórmulas adaptadas a las diferentes necesidades, y que hemos denominado de forma genérica agente rehabilitador. El libro del edificio existente será para este agente un elemento fundamental de acercamiento a la comunidad de propietarios que le permitirá tomar la iniciativa, y para ello en el Plan se flexibiliza al máximo la gestión, posibilitando que quienes asuman la responsabilidad de la ejecución de la actuación puedan ser beneficiarios de las ayudas.

CONSTRUIBLE: Ante la oportunidad que se presenta con estos fondos para revitalizar el parque edificado, ¿cuál es la importancia de saber trasladarlo a la sociedad y al sector? ¿Cómo tiene previsto el MITMA llevar a cabo esa concienciación?

Francisco Javier Martín: Efectivamente, los objetivos de rehabilitación del parque edificado a medio y largo plazo están definidos tanto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) como en la ERESEE, y suponen, de aquí a 2030, multiplicar prácticamente por diez las tasas de rehabilitación que actualmente tenemos. Evidentemente, nos enfrentamos ante un reto que requiere un cambio económico y social. Sin duda alguna la financiación es un elemento fundamental y los fondos europeos de los que se nutre el Plan son un elemento vital para acelerar ese cambio, pero es necesario, para cumplir los objetivos del mismo, la participación activa de todos los agentes del sector, a los que hemos querido integrar mediante un Plan muy abierto y flexible. También por supuesto, debemos ser capaces de trasladar a la sociedad el momento especialmente propicio que se abre para acometer la rehabilitación de sus edificios y hacerlo con la mayor ambición posible, en términos energéticos por supuesto, pero también buscando la mejora de la habitabilidad, la accesibilidad y el confort de los usuarios. Además, este Plan debe permitir configurar un sector de la rehabilitación maduro, que permita continuar a partir de 2026 con el proceso de trasformación continuo de nuestro parque edificado a edificios de consumo de energía casi nulo.

Para ello, es esencial la movilización no solo de los medios públicos sino también de cada agente de la cadena del negocio, de los profesionales y empresas que van a ser los protagonistas de este cambio de paradigma, para trasladar a la ciudadanía la oportunidad que se presenta. Pero no se trata solo de una acción puntual de comunicación o “concienciación”, sino que es fundamental la labor de información profesional y rigurosa de todo el sector para conseguir esa dinámica de medio y largo plazo. Se trata, en definitiva, de hacer coincidir los intereses de los ciudadanos con los de las administraciones, algo que aunque parece obvio, de hecho no hemos logrado durante los años que llevamos hablando (con intensidad) sobre la importancia de la rehabilitación de nuestros hogares.

CONSTRUIBLE: Respecto a los plazos previstos, ¿qué previsiones se manejan desde el Ministerio? ¿Cuándo se publicará el Real Decreto que regule todas estas medidas y qué se recogerá en él? ¿Cuándo podrán disponer los ciudadanos de los fondos?

Francisco Javier Martín: La prioridad en estos momentos del Ministerio está centrada en la aprobación de esa regulación, para lo que se está procediendo ahora mismo al proceso de consulta pública. La intención es que, concluido este proceso de participación, en los próximos meses pueda aprobarse y trasladar los fondos a las administraciones autonómicas. Puesto que la regulación estatal tendrá la consideración de bases reguladoras, a partir de aquí las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla publicarán sus respectivas convocatorias en los casos que proceda o pondrán en marcha (en muchos casos ya iniciados) los desarrollos de los entornos residenciales de rehabilitación programada. No obstante, desde el momento en que se publique la norma legal que habilita la desgravación fiscal en el IRPF ya será de aplicación, por lo que la disponibilidad de los fondos para los ciudadanos por una u otra vía es inminente.

CONSTRUIBLE: Y después de los fondos europeos, a medio-largo plazo, ¿cuáles serían los siguientes pasos a dar? ¿Cómo debería ser el modelo a seguir?

Francisco Javier Martín: La Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, cuya revisión se presentó a la Comisión Europea a mediados de 2020, ya definía unos objetivos estratégicos en materia de energía y clima, coherentes con el PNIEC y unos escenarios de rehabilitación para alcanzarlos, así como un conjunto amplio de medidas, estructuradas en once ejes que definían el modelo a seguir a medio y largo plazo. Los fondos europeos tienen que servir para acelerar la rehabilitación, asegurando la senda inicialmente prevista y sobre todo permitiéndonos consolidar ese modelo que posibilite una tasa de rehabilitación pareja a los países de nuestro entorno y, sobre todo, sostenida en el tiempo.

El Plan que ahora se pone en marcha no debe tener carácter coyuntural, sino que debe ayudarnos a introducir los cambios estructurales necesarios en el sector, y así es como se ha concebido. Los nuevos formatos de gestión, la implementación del libro del edificio, los agentes rehabilitadores o las intervenciones a nivel de barrio son elementos que deben consolidarse en esta primera fase, para garantizar la continuidad de la actividad rehabilitadora.

En cualquier caso, es también necesario implementar el conjunto de reformas incluidas en el plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como el resto de las medidas contempladas en la ERESEE para generar ese entorno adecuado para la rehabilitación de nuestro parque. El Plan se configura como un detonante, no como un fin en sí mismo, y se nos presenta como una oportunidad inesperada para, por fin, conseguir que la implementación de la ERESEE sea una realidad.

 
 
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