El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha abierto una consulta pública previa sobre el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, con la finalidad de reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la Planificación Territorial y Urbanística.
Mediante la reforma de esta ley, el Gobierno quiere dotar a los planes de ordenación territorial y urbanística de la estabilidad, certeza y seguridad jurídica que precisan, y proteger los intereses territoriales, sociales, económicos y medioambientales.
Los planes territoriales, y en especial los urbanísticos, son una herramienta imprescindible para el desarrollo urbano y rural sostenible, para la ejecución de la política de vivienda, así como para relevantes políticas económicas, con gran incidencia en la economía nacional y en la creación de empleo.
Estos instrumentos de planificación también son imprescindibles para que las ciudades puedan contribuir a mitigar los efectos del cambio climático y para adaptarse a ellos, vinculando la edificación con el clima local y exigiendo a la planificación nuevos contenidos relacionados con la eficiencia energética.
Medidas del anteproyecto
Las medidas planteadas son, por un lado, las relacionadas con la naturaleza de los instrumentos de planificación y de los efectos que tiene su anulación y, por otro, las de carácter procesal, que tratan de evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas.
Ambas responden a las previsiones del Plan de Acción de la Administración General del Estado que incluye la Agenda Urbana Española y que buscan innovar el marco legislativo estatal para garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad de los instrumentos de planificación territorial y urbanística. También pretenden lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que mejore la gestión.
La consulta pública se realiza de conformidad con lo establecido por los artículos 133 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 26.2 de la Ley 50/1997 del Gobierno, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley. Con este procedimiento, tanto las organizaciones y asociaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma, como cualquier ciudadano, podrán hacer llegar sus comentarios sobre los textos publicados en el portal del Ministerio hasta el día 1 de julio.