El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CCOO (ISTAS-CCOO), ha presentado el informe ‘Buenas prácticas en la rehabilitación energética de los edificios públicos autonómicos‘, que identifica y describe las mejores prácticas y herramientas empleadas para abordar la mejora de la eficiencia energética del parque inmobiliario público. El informe concluye que las Comunidades Autónomas deben acelerar la rehabilitación de sus edificios públicos para cumplir con los objetivos marcados de eficiencia energética a nivel nacional y europeo.
El informe evalúa las políticas de mejora de la eficiencia energética del parque inmobiliario público e identifica las mejores prácticas y herramientas de los gobiernos regionales, centrándose en los casos de País Vasco, Asturias, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía y Navarra. El inventario de planes, instrumentos y experiencias territoriales se ha elaborado a partir de las respuestas recibidas a una solicitud de información dirigida a las 17 autonomías, así como resultado de las entrevistas, reuniones y contactos desarrollados posteriormente para completar la información recibida.
Simplificar y agilizar los procedimientos administrativos
Basándose en las lecciones aprendidas, el informe propone una serie de recomendaciones para una mejor intervención en el parque público de edificios, y señala como una de las claves la necesidad de simplificar y agilizar los procedimientos administrativos para la rehabilitación energética, para priorizar el mantenimiento de los edificios existentes a la construcción de nuevos centros, y para favorecer la reducción del consumo energético de un edificio antes de dotarlo de fuentes de energía renovable.
Una de las principales barreras identificadas para la rehabilitación en el sector público es la falta de personal técnico en los departamentos de infraestructuras de las Consejerías para dedicarse, en las mejores condiciones, al control y optimización de las facturas energéticas, o a la redacción y supervisión de pliegos de actuaciones para la mejora de la eficiencia energética de los edificios.
El informe señala que nos encontramos en un momento crítico en el que las Comunidades Autónomas tienen que confeccionar un listado de actuaciones prioritarias que comunicar al Ministerio para planificar la rehabilitación de los edificios públicos de los próximos años. Las comunidades autónomas son titulares de un importante número de edificios públicos, incluidos algunos de los edificios con mayor consumo y cuya rehabilitación es más compleja, como hospitales y colegios. Sin embargo, tal y como destaca el informe, en la mayoría de las comunidades autónomas no hay un departamento encargado de centralizar la información y las actuaciones de rehabilitación de edificios públicos, siendo cada Consejería autónoma en la toma de decisiones sobre la conservación y mantenimiento de los edificios de los que son titulares.
Planes y estrategias de mejora de las comunidades autónomas
Aunque la situación es muy dispar según la comunidad autónoma, algunas administraciones ya han elaborado el diagnóstico energético de sus edificios públicos, cuentan con un histórico de medidas implementadas y disponen de herramientas y planes con nuevas inversiones para mejorar su rendimiento.
Por ejemplo, el País Vasco estableció mediante normativa la obligatoriedad de realizar auditorías energéticas a los edificios públicos autonómicos, y se encuentra actualmente definiendo los programas de actuación energética para cumplir con los objetivos adoptados para su sector público para 2030 y 2050.
Los Gobiernos de Castilla y León y Navarra han implantado un sistema de información energética, evaluado el rendimiento energético de los edificios bajo su gestión y publicado los datos en portales de transparencia.
La Administración catalana ya ha intervenido parcialmente en el 10% de los edificios que ocupa, mientras que Asturias, por otro lado, ha publicado la primera estrategia específica autonómica en la rehabilitación energética de edificios en el marco del diálogo social. Por su parte, en Andalucía, la Red de Energía de la Administración (REDEJA) presta un servicio de asesoramiento integral en la rehabilitación energética a los responsables de los edificios públicos.