El Gobierno ha publicado el Marco de Bonos Verdes soberanos de España, un documento que, además de recoger los principales compromisos ambientales y los objetivos del programa de bonos verdes del Reino de España, define los elementos esenciales del programa y detalla a qué se van a destinar los fondos obtenidos, cómo se desarrolla el proceso de evaluación y selección de los proyectos e inversiones y de qué forma se van a gestionar los recursos, así como la información que se pondrá a disposición de los inversores.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, han presentado esta semana el Marco de Bonos Verdes del Reino de España, que permitirá poner en marcha el primer programa de emisión de bonos verdes soberanos, en línea con lo anunciado por el Tesoro Público en su Estrategia de Financiación para el año 2021.
Este marco es el resultado del trabajo realizado por el Grupo de Trabajo para la Estructuración de las Emisiones de Bonos Verdes Soberanos del Reino de España y la Promoción de las Finanzas Sostenibles, liderado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El grupo de trabajo está elaborando también el Plan Nacional de Finanzas Sostenibles, dirigido a facilitar la transformación del sector financiero para adaptarlo al nuevo modelo de lucha contra el cambio climático, mejorar su competitividad y promover la reorientación de los flujos de capital hacia una economía más sostenible.
Proyectos alineados con medio ambiente y descarbonización
La auditora Vigeo Eiris ha evaluado los programas de bonos verdes de Francia, Italia y Reino Unido, entre otros países, y ha otorgado al marco español la máxima calificación, destacando su coherencia con los objetivos y políticas en materia medioambiental y el elevado compromiso con la sostenibilidad de España. Asimismo, certifica que el Marco de Bonos Verdes del Reino de España está alineado con los Principios de Bonos Verdes de la Asociación Internacional para los Mercados de Capitales (ICMA), en su versión de 2021, y con las mejores prácticas observadas en el mercado.
Se han identificado más de 13.600 millones de euros en gasto verde elegible para financiar inversiones en proyectos dirigidos a la mitigación y adaptación al cambio climático, el uso sostenible y la protección de recursos hídricos y marítimos, la transición hacia una economía circular, la prevención y control de la contaminación, y la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.
De forma específica, se financiarán inversiones en la red de transporte ferroviario eléctrico, proyectos de I+D+i para la mitigación y adaptación al cambio climático, inversiones para la mejora en la gestión del agua o gastos destinados a la prevención de incendios y a la defensa de las especies autóctonas, entre otros. Esta cifra es complementaria a los más de 28.000 millones de euros de gasto verde elegible que figura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se financiarán con el programa de bonos europeos ligados al Next Generation EU.
La puesta en marcha de este programa se incluye en el Marco Estratégico de Energía y Clima, que engloba los distintos instrumentos en materia de política climática, y marca una hoja de ruta clara para conseguir una economía más resiliente y climáticamente neutra, y refleja el compromiso de España con la acción climática.
Información a inversores
Con la publicación de este marco y el informe de evaluación externa de Vigeo Eiris en la página web del Tesoro Público, se cuenta con los elementos necesarios para la emisión inaugural, que pasará a ser un elemento estructural en la política de financiación del Tesoro. Durante las próximas semanas, se pondrá en marcha la campaña de comunicación que buscará informar a los inversores sobre las principales características de las emisiones de bonos verdes del Reino de España.
Se prevé ejecutar la primera emisión por sindicación con el objeto de lograr una colocación óptima entre los inversores y facilitar, en la medida de lo posible, el correcto comportamiento de la nueva referencia en el mercado. La emisión tendrá tamaño “benchmark” y el plazo elegido para la nueva referencia se situará en torno a los 20 años.