La Junta de Andalucía ha aprobado el proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA) con medidas para afrontar los nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales. Entre ellas destacan las enfocadas al aumento de la vida útil de los productos, el favorecimiento de un uso racional de las materias primas, la reducción del desperdicio alimentario y la lucha contra la obsolescencia programada.
Para la elaboración de la norma, que es fruto de un largo trabajo de consenso y participación con los sectores implicados, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha contado también con el aval de la administración local y del Consejo Económico y Social de Andalucía.
Objetivos principales
Entre las principales novedades incluidas en la normativa, destacan la creación de un registro público de análisis del ciclo de vida de productos, obras y servicios; el fomento de un uso y consumo responsable, o la reducción de residuos desde la simbiosis industrial y la consideración de subproductos o fin de condición de residuos. Además, la LECA prevé también medidas para la eliminación de trabas burocráticas a las empresas, la sensibilización de la ciudadanía, la formación y la prevención.
La comunidad autónoma inicia así una regulación legal en una materia novedosa, con el reto añadido de contribuir al crecimiento económico sostenible y a la generación de empleo. Todo ello apoyado en tres pilares fundamentales: el impulso de las administraciones autonómica y local; la empresa como motor de cambio, y la sociedad en su conjunto, desde la concienciación y el consumo responsable.
Análisis del ciclo de vida
La aplicación de esta batería de medidas y actuaciones tendrá reflejo en todos los sectores productivos. En este sentido, hay que destacar las nuevas oportunidades de negocio y empleo que se pueden generar con respecto a la economía circular. Además, uno de los principales ejes de la LECA será el saneamiento de las aguas residuales y su reutilización como aguas regeneradas en sectores como la agricultura.
El modelo de economía circular en Andalucía se basa en el análisis del ciclo de vida y, por tanto, de la huella ecológica de los productos y servicios, la gestión de los bienes no vendidos, el impulso de la reparación, la lucha contra el desperdicio alimentario y las inversiones estratégicas en materia de economía circular. Todo ello, basado en el principio de jerarquía de los residuos y sentando los principios de la economía circular a través de la regulación de ciertos aspectos básicos en materia de residuos, tales como la prevención, la preparación para la reutilización, los procesos de reciclado y la valorización material.
Uso eficiente de los recursos
En línea con la normativa europea, se aborda la implantación del modelo circular a los llamados ‘productos clave’ definidos en el Plan de Acción de Economía Circular de la Unión Europea. Esto se realiza mediante acciones para una disminución en el consumo, el uso eficiente, la gestión y tratamiento de los residuos, apostando por la promoción y el desarrollo, especialmente, en lo relativo a la innovación, la simbiosis industrial y los mercados secundarios.
Además, para las cadenas de valor, el texto aprobado establece la base legislativa necesaria para acelerar la transición hacia la circularidad y la implementación de políticas en dichas materias. Todo ello fomentando los sistemas voluntarios de responsabilidad ampliada del productor, la recogida de basuras marinas, promocionando la bioeconomía o con la economía circular azul, que aborda la gestión del ciclo integral del agua, entre otras cuestiones.
Por último, la Oficina Andaluza de Economía Circular será el órgano administrativo encargado de poner en marcha la ley, así como de coordinar, dinamizar, asesorar y dar soporte a empresas y administraciones locales. Por su parte, la LECA promulgará la redacción de la Estrategia Andaluza de Economía Circular como instrumento de planificación, obligará a la tramitación electrónica de todos los procedimientos que derive y sentará las bases para el desarrollo efectivo de una compra pública ecológica, en el papel de la administración como impulsora del cambio de modelo.