El Consejo de Ministros ha dado su primer visto bueno al Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que contribuirá a alcanzar el cumplimiento de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y emisiones contaminantes en el transporte, en línea con los acuerdos internacionales asumidos por España para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que marca la Agenda 2030 de la ONU y la COP21 de París, y con las estrategias europeas, como el Pacto Verde Europeo.
Este marco normativo apoya el desarrollo de un sistema de transporte digital e innovador, la movilidad limpia y saludable, una mejor calidad de las decisiones de inversión y gasto, así como reconoce la movilidad como un derecho social.
Tras este primer visto bueno, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) iniciará la tramitación del texto articulado con la apertura, en las próximas semanas, del trámite de audiencia e información pública. El Anteproyecto de Ley se publicará, así, en la página web de Mitma para que los ciudadanos y agentes interesados puedan consultarla y, en su caso, realizar aportaciones. Además, se solicitarán los informes preceptivos y demás procedimientos previos para la elaboración del texto final, que se elevará de nuevo a Consejo de Ministros para su aprobación y posterior remisión a las Cortes Generales como proyecto de Ley.
Sostenibilidad, digitalización y cohesión social y territorial
La futura Ley de Movilidad Sostenible forma parte de las reformas e hitos que el Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a llevar a cabo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En concreto, se trata de la reforma 2 incluida en el Componente 1: Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. Los hitos establecidos prevén su aprobación y entrada en vigor en el último trimestre de 2023.
La nueva ley constituirá el marco normativo que permitirá a las políticas públicas de transporte y movilidad de las distintas administraciones responder mejor a las necesidades de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI: la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial. Además, mediante este texto articulado se implementan diversas medidas recogidas en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, aprobada el pasado 10 de diciembre, que requieren reformas jurídicas con rango de Ley, y se da cumplimiento a diversas recomendaciones dadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y otros organismos internacionales.
Pilares fundamentales
El Anteproyecto de Ley establece un nuevo marco regulatorio para el transporte y la movilidad en España, sustentándose en cuatro pilares. Por primera vez, la ley reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y como un elemento de cohesión social, por lo que deberá ser accesible e inclusiva y ofrecer soluciones para todas las personas.
El transporte es responsable del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que urge avanzar en la descarbonización del sector para cumplir con los compromisos internacionales. Además, es también responsable de otras emisiones contaminantes (gases y partículas) que afectan a la salud, especialmente en entornos urbanos. Por ello, será prioritario avanzar hacia una movilidad respetuosa con el medio ambiente y la salud, que además contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas.
Con esta ley se busca dar una nueva visión a las ciudades que priorice la movilidad activa por ser la opción más saludable y exenta de emisiones, y al transporte público colectivo de manera que sea una solución accesible y asequible para toda la ciudadanía. Además, la Ley busca reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones como áreas ‘libre de humos y congestión’, permitiendo crear medidas que limiten más el acceso de los vehículos privados a motor. Así, la Ley abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones.
Por otro lado, se incluirán herramientas para un sistema de movilidad y transporte digital e innovador, como un espacio de pruebas para probar proyectos y la introducción de los principios que deberán seguir las administraciones para introducir los vehículos automatizados o sin conductor, priorizando la seguridad, la sostenibilidad ambiental, los derechos de las personas y la colaboración público-privada.
Por último, el cuarto pilar apuesta por mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad mediante una mayor participación pública, transparencia y rendición de cuentas. Además, faculta al Gobierno para realizar un estudio de alternativas para establecer un mecanismo de financiación que permita garantizar los fondos necesarios para el correcto mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado.
Sistema Nacional de Movilidad Sostenible
Para lograr todos estos objetivos y constituir una política de transportes y movilidad que ponga al ciudadano en el centro de la toma de decisiones, se hace imprescindible la cooperación entre las tres administraciones: Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Para ello la ley crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible que facilitará esta coordinación a través de distintos instrumentos.
Este sistema consta de varios instrumentos: un foro de cooperación entre todas las administraciones, la Conferencia Territorial de Movilidad y Transporte; un órgano consultivo para facilitar la cooperación de estas con el sector y los usuarios; un instrumento digital para garantizar la disponibilidad de datos relativos a la movilidad (EDIM); y un documento a modo de marco de orientaciones para la planificación de una movilidad sostenible que se coordinará con todas las administraciones (DOMOS).
La nueva ley garantiza la contribución del Estado en el sostenimiento del transporte urbano colectivo mediante un sistema homogéneo para todas las ciudades y predecible en el tiempo. Por su parte, se establece la obligación que las Administraciones velen por incentivar y promover las soluciones de movilidad más sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público colectivo. Además, se introduce la obligación de que las empresas de más de 500 trabajadores dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo. Además, se establecen mayores exigencias en la planificación de los transportes y la movilidad. A nivel estatal se elaborará un Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad (IPEEM), y para los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes se establecen los Planes de Movilidad Urbana Sostenible Simplificados.
La contribución a la mejora medioambiental se completa con mayores exigencias de cálculo de la huella de carbono y puesta a disposición de la información sobre emisiones, así como con el impulso de sistemas de gestión ambiental y de la energía. También se apuesta por la gestión eficiente en las terminales de transporte, la implementación de carriles reservados a transporte colectivo o vehículos de alta ocupación o el establecimiento de puntos de energías limpias en puertos y aeropuertos.
Por último, apoya la actuación de otras administraciones y, en la vertiente social, fomenta la realización de campañas de concienciación y sensibilización. En cuanto a la digitalización, profundiza en obligaciones para facilitar información de los servicios al Punto de Acceso Nacional, lo que impulsa la creación de aplicaciones y otras soluciones de planificación de rutas y viajes.