Con el objeto de proteger el planeta contra la degradación, incluso mediante el consumo y la producción sostenible, la gestión sostenible de los recursos naturales y las medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, el Consejo del Gobierno de Canarias ha aprobado el anteproyecto de Ley de Economía Circular de Canarias, a través del informe por el que se valora la oportunidad y los objetivos de esta futura normativa.
De esta manera, el Gobierno de Canarias cumple con este trámite para las tres leyes que conforman el ecosistema legislativo medioambiental que se anunció desde el inicio de legislatura. Por su parte, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se encuentra ya en tramitación parlamentaria y el objetivo es que la de Biodiversidad y Recursos Naturales y la de Economía Circular entren en la Cámara regional antes de verano de este año.
Objetivos de la normativa
El reto principal de este texto normativo es convertir los residuos generados por el conjunto de las actividades económicas de las islas en recursos, establecer la obligatoriedad del reciclaje, optimizar al máximo los productos o materiales, minimizar la generación de residuos y reducir su impacto en el planeta, contribuyendo a su vez a la lucha contra el cambio climático. Además, establece obligaciones y régimen sancionador para todos los sectores y para la propia ciudadanía del archipiélago, como parte activa de este proceso.
Los principios generales que conforman este documento son el de responsabilidad compartida de las administraciones públicas, las empresas y la sociedad en general. Para ello todos estos sectores deben implicarse activamente, responsabilizándose en la aplicación del modelo de economía circular en su ámbito respectivo de competencia. Además, como principio general se encuentra también el de enfoque integrado en el análisis del impacto ambiental de los ciclos de vida de bienes, productos y servicios.
El fomento de la información, transparencia y participación pública en el proceso de desarrollo de las políticas públicas a implementar a través de esta Ley también forma parte de los objetivos de esta normativa. Y, de la misma manera, la promoción de la educación para la sostenibilidad, el fomento del progreso técnico mediante la promoción de la investigación, desarrollo e innovación en análisis de ciclo de vida y materia ambiental, y el fomento y apoyo a la actividad industrial en el archipiélago como sector esencial para lograr que los objetivos de la Ley sean efectivos.