El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Mincotur) ha lanzado el proceso de consulta pública, que se prolongará hasta el próximo 17 de mayo, sobre la nueva Ley de Industria, con el objetivo de recabar la opinión de las personas y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas. La futura norma abordará aspectos como la neutralidad climática y economía circular, la política y promoción industrial, la reindustrialización, la digitalización industrial, la seguridad y calidad industrial, y la gobernanza.
La futura Ley de Industria, que se enmarca dentro del Componente 12 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), busca dar respuesta a la urgente necesidad de potenciar la autonomía industrial de España, de forma que se incremente el peso de las actividades industriales en la estructura económica y social y contribuya a un crecimiento más sostenible y digital y a una mayor resiliencia.
El Gobierno invita a todos los agentes económicos y sociales a que aporten sus ideas a la nueva ley con un doble objetivo: la reactivación económica y social y la modernización del modelo productivo para abordar la doble transición digital y ecológica y lograr una mayor cohesión social y territorial.
Objetivos de la nueva Ley de Industria
La nueva norma debe dar respuesta a la cobertura de las necesidades y de los grandes retos que la actual ley, que data de 1992, no ofrece.
La fortaleza industrial de España, y Europa, es una prioridad y un vector clave del plan europeo de recuperación económica Next Generation por lo que el objetivo de la ley no solo será regular la actividad industrial en España, sino establecer instrumentos y procedimientos de política y promoción industrial que permitan la adecuada, eficiente y rápida adaptación y transformación de la industria española para hacer frente a todos estos cambios y situaciones presentes y futuras.
Por otro lado, es objetivo de la ley establecer el marco de seguridad y calidad industrial que permita el pleno desarrollo de las industrias españolas en línea con las exigencias del mercado, a la vez que contemple las normas básicas de ordenación de las actividades industriales por las Administraciones Públicas, los medios y procedimientos para coordinar las competencias en materia de industria de dichas Administraciones, y regular la actuación de la Administración del Estado en relación con el sector industrial.
Por último, deberán tenerse en cuenta las especiales circunstancias de las pymes industriales a través de un tratamiento diferencial, que apoye y fomente el emprendimiento, así como de las empresas de mediana capitalización, esenciales para el futuro desarrollo industrial.